La mañana del martes ha venido cargada de novedades entorno a la crisis interna del Partido Popular. A la dimisión de José Luis Martínez-Almeida como portavoz nacional de la formación se suma la apertura de diligencias informativas tras las denuncias presentadas por la oposición en la Comunidad de Madrid, entorno al contrato adjudicado en la pandemia a la empresa Priviet Sportive SL, por el montante de 1,5 millones de euros en la adquisición de 250.000 mascarillas, donde el hermano de Isabel Díaz Ayuso pudo beneficiarse.
Representantes del Ministerio Público serán los encargados de analizar el contenido de dicha denuncia, recabando toda la documentación pertinente sobre el contrato a fin de confirmar o descartar la existencia de algún ilícito penal o irregularidad. Una vez analizados dichos archivos, será el turno de la Fiscalía Anticorrupción, pudiendo citar también a declarar ante la sede del Ministerio Público tanto a funcionarios encargados del proceso de contratación, como al empresario que figura al frente de la empresa Priviet, Daniel Alcázar, como al hermano de Isabel Díaz Ayuso, para que explique a qué obedeció el contrato.
