La organización agraria Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha anunciado que recurrirá a la vía judicial si el Ministerio de Agricultura no cumple con la ley que establece la puesta en marcha de una ayuda directa y excepcional para los sectores del olivar y el viñedo.
Esta medida, incluida en la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, fue impulsada por la propia organización durante su tramitación en el Congreso, y contó con el respaldo de varios grupos parlamentarios. El texto legal, aprobado con rango de ley, fijaba un plazo de dos meses para que el Gobierno activara estas ayudas, destinadas a explotaciones agrícolas especialmente afectadas por la sequía y el aumento de costes a raíz de la guerra en Ucrania.
Ese plazo venció el 2 de junio, sin que la ayuda haya sido implementada. Unión de Uniones había solicitado el pasado 7 de abril una reunión con el Ministerio para abordar la aplicación de la medida, pero no obtuvo respuesta. Ante esta situación, el 8 de julio la organización presentó un requerimiento formal para exigir el cumplimiento de la ley. Horas después, el Ministerio respondió rechazando su aplicación, argumentando que no existe partida presupuestaria disponible, al estar el Estado operando con los presupuestos prorrogados de 2023.
Unión de Uniones considera inadmisible esta negativa y ya ha presentado un recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, advirtiendo que si la decisión no se revoca acudirá a los tribunales:“La ayuda no es un anuncio político, es una obligación legal que el Parlamento aprobó a propuesta de esta organización”, han recordado
La disposición en cuestión contempla un fondo de 370 millones de euros y establece como beneficiarios a las explotaciones prioritarias y agricultores a título principal con cultivos de olivar y viñedo en secano o en regadío deficitario, previendo además un sistema de concesión directa y ágil.
