Bruselas cuestiona cuestiona la norma de España que obliga a hoteles a recopilar 42 datos de los viajeros
La Asociación Española de Consumidores ha reclamado la derogación inmediata de la normativa que obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recopilar y registrar un amplio volumen de datos personales de los viajeros, después de que la Comisión Europea haya abierto un expediente a España al considerar que la regulación podría vulnerar principios europeos de protección de datos.
La organización recuerda que ya en diciembre de 2024 manifestó públicamente su rechazo a esta obligación impuesta por el Ministerio del Interior, una medida que ha generado numerosas quejas entre los usuarios debido al incremento de trámites y al tiempo necesario para completar el registro.
La normativa obliga a recopilar hasta 42 datos personales de cada viajero, una exigencia que, según la asociación, resulta excesiva y plantea importantes dudas sobre su utilidad real para los objetivos de seguridad perseguidos por las autoridades.
Desde la Asociación Española de Consumidores consideran que la medida no garantiza una mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo o la delincuencia, al tiempo que advierten de que algunos de los datos solicitados, como el correo electrónico o el teléfono, pueden ser facilitados de forma incorrecta por los propios usuarios.
Preocupación por la protección de los datos
Otro de los aspectos que más preocupa a la organización es la seguridad de la información recopilada. Los datos deben permanecer almacenados durante tres años en los sistemas de los establecimientos, una circunstancia que, a juicio de los consumidores, incrementa los riesgos asociados a posibles ciberataques o robos de información.
La asociación recuerda que en otros países se han producido incidentes relacionados con filtraciones masivas de datos de clientes del sector turístico, por lo que considera necesario minimizar la cantidad de información exigida.
Bruselas considera la norma desproporcionada
Según ha dado a conocer la organización, la Comisión Europea considera que la normativa española resulta excesiva, difícil de aplicar y potencialmente contraria a los principios europeos de protección de datos.
Esta valoración coincide con las críticas que desde hace meses vienen formulando tanto asociaciones de consumidores como representantes del sector hotelero y de las agencias de viajes, que han denunciado la complejidad administrativa derivada de la aplicación de la norma.
Ante esta situación, la Asociación Española de Consumidores solicita al Gobierno una revisión completa del sistema y la aprobación de una nueva regulación que sea más sencilla, proporcionada y compatible con la normativa europea, garantizando al mismo tiempo la protección de los datos personales de los viajeros.
La organización insiste en que cualquier medida relacionada con la seguridad debe ser compatible con los derechos fundamentales de los ciudadanos y evitar cargas administrativas innecesarias tanto para los consumidores como para las empresas turísticas.