Las principales organizaciones agrarias de España, ASAJA, COAG y UPA, han anunciado hoy la reactivación de movilizaciones como parte de un llamado a la acción para abordar las dificultades que enfrenta el sector agrario en el país. Este plan de movilizaciones comenzará a nivel regional en las próximas semanas, con la intención de presionar tanto a nivel nacional como de la Unión Europea (UE).
El sector agrario en España y Europa enfrenta desafíos significativos, marcados por condiciones difíciles y una burocracia asfixiante que surge de las normativas de la UE. Las organizaciones agrarias destacan la lucha de los agricultores contra un mercado desregulado que importa productos agrarios a bajo precio desde terceros países, presionando a la baja los precios en la UE y en España. Denuncian la contradicción entre la política comercial y agraria común de la UE, una competencia desleal que amenaza la viabilidad de miles de explotaciones en la región.
Ante la situación, las organizaciones agrarias exigen la paralización de acuerdos comerciales como el del MERCOSUR, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y el cese de negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. Asimismo, instan al Gobierno español y la Comisión Europea a intensificar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes cumplen con las normativas internas y arancelarias de la UE.
Entre las demandas a nivel nacional, se destaca la necesidad de flexibilizar y simplificar la actual Política Agraria Común (PAC), incluyendo los ecoesquemas y las BECAM. Se reclama también la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir prácticas desleales y garantizar que los precios cubran los costes de producción. Las organizaciones proponen sanciones más severas y mayores recursos para la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).
En cuanto al ámbito estatal, se solicitan soluciones inmediatas del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para abordar problemas relacionados con sequías, la situación en Ucrania, precios y costes de producción, y cuestiones laborales y de Seguridad Social.
En relación a la Ley de la Cadena Alimentaria, se busca su reforzamiento para garantizar su aplicación máxima. Se exige la publicación de índices de precios y costes por parte del Observatorio de la cadena, así como la actualización de estudios de cadena de valor. También se hace hincapié en la actuación más activa de la AICA, recuperando la consideración de "precios anormalmente bajos".
Adicionalmente, se plantea la creación de un observatorio sobre importaciones y un reforzamiento en Bruselas para exigir reciprocidad en todos los productos agrícolas y ganaderos que ingresan a la UE. Se insta al Ministerio de Agricultura a trabajar con la AICA para facilitar que agricultores y ganaderos puedan demandar compensaciones por ingresos perdidos debido a sanciones.
En el ámbito de las Comunidades Autónomas, se demandan reformas urgentes para simplificar trámites burocráticos que afectan a los profesionales del campo. Los ganaderos destacan la situación crítica generada por cuestiones de sanidad animal y piden una política coordinada y coherente.
Finalmente, se reclama un presupuesto reforzado para los seguros agrarios, adaptándolo a las condiciones climáticas cada vez más adversas debido al cambio climático. Además, se exige un refuerzo de los mecanismos de incorporación de jóvenes al campo, frenando la especulación de tierras y facilitando el acceso a la tierra para nuevos agricultores.
