Este martes, 10 de diciembre, se celebra el Día de los Derechos Humanos, día en el que en 1948 se adoptó la Delacaración Universal de los DD.HH. En España las reformas legislativas de los últimos años en el ámbito penal y el relativo a seguridad ciudadana ponen en peligro el ejercicio de derechos como el de libertad de expresión.
Se trata de un documento histórico que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. Aprovechando que este mes de noviembre se ha cumplido el trigésimo aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, Naciones Unidas quiere aprovechar esa "energía ya generada y destacar el papel de liderazgo de la juventud en los movimientos colectivos como fuente de inspiración para un futuro mejor".
Pero, ¿se cumplen los Derechos Humanos en España? Seguiremos los datos que ofrece Amnistía Internacional sobre la situación en nuestro país en cuanto a garantías de derechos y de libertades.
Según Amnistía Internacional, en España, tras las reformas legislativas de los últimos años en el ámbito penal y el relativo a seguridad ciudadana ponen en peligro el ejercicio de derechos como el de libertad de expresión. Pero también se ven amenazados los derechos económicos, sociales y culturales tras la puesta en marcha de un decreto de ley para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, ya que el Estado español está limitando el derecho a la salud y esto podría afectar al derecho a la vida de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad.
También la vulneración del derecho a la vivienda es preocupante. Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, este derecho se vulnera cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías. En los últimos años ha crecido enormemente la preocupación por la violencia contra las mujeres. Decenas de mujeres mueren cada año en nuestro país a manos de hombres y las medidas contra la violencia de género siguen siendo rechazas por una parte de la sociedad, entre ellos partidos políticos.
En cuanto a la lucha contra la impunidad, desde Amnistía Internacional mantienen desde hace tiempo diversas preocupaciones, relacionadas con la tortura y malos tratos de personas por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos, así como la detención de personas en régimen de incomunicación.
Además, en relación a la jurisdicción universal, España ha dado un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, al impedir a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acceder a los tribunales españoles. En este sentido, y de manera adicional, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados en España, que ni investiga ni colabora con investigaciones llevadas a cabo por otros países, lo cual resulta tremendamente preocupante.
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Otro de los motivos de preocupación y por el cual Amnistía Internacional trabaja en España es el comercio de armas. Dos veces al año, la organización, junto a Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, analizan los datos oficiales de las exportaciones de armas fabricadas en España con el fin de hacer recomendaciones a las autoridades españolas.
Además, sigue habiendo denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros. Una de estas formas de discriminación es el racismo y en España, tanto ciudadanos extranjeros como minorías étnicas lo sufren. No son casos aislados, sino que se ha detectado un incremento preocupante de actos discriminatorios en el ámbito laboral, educativo, en el acceso a la vivienda, a lugares de ocio, etc. Todo ello va acompañado de un alarmante crecimiento de casos de tortura y malos tratos a inmigrantes o minorías étnicas por parte de agentes del Estado. Es necesario, pues, que las autoridades españolas combatan el racismo, la xenofobia y la discriminación.
