El funeral del Papa Francisco, celebrado ayer en el Vaticano, reunió a cardenales de todo el mundo en un clima de recogimiento y reflexión. Entre ellos, destacó la figura de Angelo Becciu, el purpurado condenado en primera instancia por delitos de malversación y fraude, cuya presencia plantea ahora una delicada cuestión: ¿podrá participar en el próximo Cónclave?
La situación de Becciu ha cobrado especial relevancia tras la revelación de dos cartas atribuidas al Papa Francisco, en las que se habría dejado constancia de su deseo de excluirlo de la elección papal. Según distintas fuentes vaticanas, recogidas por la revista Vida Nueva, el colegio cardenalicio estaría valorando convocar una votación previa para decidir si Becciu podrá o no ingresar en la Capilla Sixtina cuando se inicie el Cónclave, una consulta que se celebraría una vez que la mayoría de los electores hayan llegado a Roma, entre el 4 y el 5 de mayo.
La complejidad del caso ha obligado a intensificar las consultas con expertos en derecho canónico y teología, ya que las mencionadas cartas, mecanografiadas y firmadas únicamente con una "F", no tendrían fuerza jurídica si no han sido publicadas oficialmente en el Acta Apostolicae Sedis, el boletín de la Santa Sede. De ser así, y sin un decreto formal, no existiría impedimento legal para que Becciu participe en el proceso, lo que podría abrir incluso la puerta a un eventual recurso en caso de exclusión.
El cardenal, apartado de sus derechos como miembro del colegio cardenalicio por el propio Francisco en septiembre de 2020, se mantiene sereno y ha afirmado confiar en la decisión de sus "hermanos cardenales". No obstante, dentro del colegio hay división de opiniones: figuras de peso como el decano Giovanni Battista Re serían partidarias de su inclusión, mientras que otros, como el camarlengo Kevin Joseph Farrell, defienden la voluntad de Francisco de mantenerlo apartado.
A esta situación se suma el proceso judicial aún abierto contra Becciu por la gestión de fondos de la Secretaría de Estado y la venta de un inmueble en Londres, por el que fue condenado a cinco años y medio de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La apelación, que se resolverá en septiembre, podría complicar aún más su futuro eclesiástico.
