El mes de julio se ha cerrado con un balance estremecedor en cuanto a fallecimientos por ahogamiento, un total de 92 personas han perdido la vida por ahogamiento en espacios acuáticos en España, según el último Informe Nacional de Ahogamientos (INA) elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). La cifra convierte a este mes en el cuarto peor julio desde que se tienen registros.
Castilla y León no ha sido ajena a esta situación, en la comunidad se han registrado un total de tres muertes por ahogamiento durante este mes.
Con los datos de julio, el acumulado anual asciende ya a 302 víctimas mortales, lo que supone el peor arranque de año desde que se creó el informe en 2015. Solo entre mayo y julio han fallecido 209 personas, superando ampliamente los peores trimestres conocidos hasta ahora.
Andalucía (52), Canarias (39), Comunidad Valenciana (39), Cataluña (36) y Galicia (34) encabezan el listado. Extremadura y Ceuta son las únicas regiones que no han registrado muertes por esta causa en lo que va de año.
Aunque el perfil más común sigue siendo el de hombres mayores de 45 años, el verano de 2025 está mostrando un preocupante repunte de muertes entre menores de edad, con 9 fallecimientos solo en julio y un total de 23 en lo que va de año.
En cuánto a las zonas, el informe señala que la mayoría de los ahogamientos se producen en playas, seguidas de piscinas, ríos y otros entornos acuáticos de interio. Pero lo más alarmante es que en 45 de los 92 casos de julio no había vigilancia socorrista activa, y en otros 33 ni siquiera estaba previsto que la hubiera.
La RFESS alerta sobre la falta de cobertura profesional en entornos naturales del interior, como ríos, embalses o playas fluviales, donde el riesgo es elevado pero las medidas de seguridad brillan por su ausencia.
“Nos encontramos ante un verano catastrófico, que confirma que el agua no entiende de vacaciones”, ha afirmado Samuel Gómez Mayor, presidente de la RFESS. Reclama una actuación inmediata que incluya más socorristas fuera de la temporada alta, vigilancia en zonas rurales y una formación homogénea y continua para estos profesionales.
La federación insiste además en la necesidad de educar desde la infancia, con programas escolares que enseñen prevención y seguridad acuática a los más pequeños.
