UPA considera dramática la situación que están sufriendo los profesionales del sector agrario debido al precio de la luz, en primer lugar como consumidores y en segundo lugar como profesionales de un sector básico para la población como es el agroalimentario.
Los incrementos del precio de la luz que alcanzan records históricos día a día y cerrando semana tras semana datos históricos al alza, convierten a la actividad agraria a día de hoy en una cuestión de Estado, puesto que corre serio peligro de seguir ejerciéndose por parte de las explotaciones familiares agrarias.
En unos momentos como los actuales, con unos costes de producción desorbitados en el sector agrario, y con una tarifa eléctrica que está por las nubes, nuestra organización considera de sentido común que las administraciones competentes, desde España hasta la Unión Europea, desarrollen una normativa excepcional que marque unos topes de precio durante los meses del conflicto bélico mundial que estamos sufriendo. De igual modo consideramos básica la eliminación de impuestos que gravan la electricidad y carburantes para una actividad profesional básica para la población como es la agraria.
Cabe recordar que un porcentaje importantísimo tanto del coste de la luz como de los carburantes es por la vía de impuestos, y en ese sentido la comunidad europea debe dar un paso al frente, y actuar desde ya mismo porque de lo contrario los agricultores y ganaderos no podrán sembrar, no podrán producir, y no podrán alimentar a la población dada la ruina que les puede alcanzar de lleno.
En este sentido, UPA cree que la escalada de costes energéticos es “inasumible” y debe abordarse con cambios normativos “de calado” a nivel europeo. El sistema de fijación de precios de la electricidad debe cambiar y los costes de combustibles, fertilizantes y fitosanitarios deben vigilarse con lupa para evitar prácticas especulativas con las que algunos hacen el agosto a costa de la ruina de todo un sector.
Nuestra organización denuncia la situación lamentable y límite actual hasta el punto de la negativa de las eléctricas a la renovación de los contratos con los regantes para toda la campaña en una situación dramática como la actual con precios disparatados de petróleo, gas y luz debido a la invasión de Rusia a Ucrania.
La situación es límite hasta el punto de que un cultivador de patatas en Castilla y León el año pasado pagó 1.200 euros por la luz, mientras que este año a día de hoy se le facturaría sólo en ese concepto en torno a 8.000 euros, algo que resulta absolutamente inasumible.
En opinión de UPA la clave ahora debe ser garantizar la producción de alimentos para todo el continente, y en este sentido es momento de realizar política agraria inteligente y ágil. Los agricultores y ganaderos estamos a disposición de la sociedad para seguir produciendo alimentos, pero los Gobiernos deben adaptar las normativas a una situación de guerra como la que estamos viviendo. Estamos en una situación excepcional y se necesitan medidas excepcionales para producir alimentos y transportarlos.
