UPA Castilla y León exige una solución definitiva para el IVA agrario

La organización valora positivamente la prórroga del régimen simplificado y especial del IVA, pero reclama un acuerdo estable que evite incertidumbre para los agricultores y ganaderos

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UPA Castilla y León ha acogido con satisfacción la nota aclaratoria de la Dirección General de Tributos, que confirma la prórroga de los límites vigentes en el Régimen Simplificado y el Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGP) del IVA para el ejercicio 2025. Sin embargo, la organización agraria advierte que esta medida es solo un alivio temporal y exige una solución definitiva para garantizar la estabilidad del sector.

La aclaración establece que los umbrales de aplicación del régimen simplificado y del REAGP se mantendrán en 250.000 euros para el presente año, en lugar de volver al límite previo de 150.000 euros. Desde UPA CyL consideran que esta decisión es un respiro para los agricultores y ganaderos de la región, pero insisten en que se requiere una reforma legal para que esta cifra quede fijada de manera permanente.

La organización recuerda que, desde 2016, el Gobierno ha aprobado anualmente la elevación del límite de ingresos de 150.000 a 250.000 euros, evitando así que miles de explotaciones queden fuera del régimen de módulos agrarios en el IRPF y del REAGP en el IVA. "No se puede estar en uno sí y en otro no", subrayan desde UPA, advirtiendo de los problemas administrativos y económicos que supondría no mantener este equilibrio.

Esta prórroga forma parte de las 43 medidas incluidas en el Acuerdo de Apoyo al Campo firmado por UPA en abril de 2024 con el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, para que tenga continuidad, es imprescindible un consenso político que garantice su permanencia en el tiempo.

Desde UPA CyL lamentan la falta de "altura de miras" de la oposición y denuncian que el uso partidista de este asunto genera una gran incertidumbre en el sector. "Es inaceptable que la confrontación política se imponga a la necesidad de ofrecer estabilidad a los profesionales del campo", critican.

Por ello, la organización agraria reclama un acuerdo entre todas las fuerzas parlamentarias que blinde el límite de 250.000 euros de manera permanente. Exige que el Gobierno y los partidos con representación en el Congreso actúen con responsabilidad para garantizar la viabilidad del sector agrario español y evitar perjuicios innecesarios a agricultores y ganaderos.

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