El Tribunal Superior de Justicia del CyL ha declarado como nulo de pleno derecho el Decreto 10/2018 por el que se modifica el Decreto 32/2015 que regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León. Lo ha hecho como respuesta al recurso interpuesto por el Partido Animalista PACMA hace más de 4 años, y por el que se denunciaba, una vez más, la falta de transparencia y rigor en el proceso de aprobación de las disposiciones del reglamento que establece las especies cazables en la autonomía.
"Con esta nueva resolución judicial volvemos a dejar claro que la normativa de caza en Castilla y León es irregular", afirman Mónica Olivares y Jacqueline García, abogadas del Partido Animalista.
Este documento, que aún no es firme, habría supuesto la prohibición de la caza en todo el territorio de Castilla y León de no ser por la aprobación exprés de la ley 4/21 del 1 de julio de caza y gestión sostenible de los recursos cinegéticos que, en palabras del Partido Animalista, constituye "un blindaje oculto que la Junta ha promovido para favorecer al lobby de cazadores".
"Resulta inmoral y, como poco, sorprendente, que tras múltiples y reiteradas sentencias judiciales de anulación de su normativa de caza hayan realizado esta peligrosa maniobra, exponen las juristas de PACMA.
PACMA explica que la información medioambiental debe ser clara y debió haber sido puesta sobre la mesa en las distintas fases de creación del reglamento, pero que "ha quedado acreditado que el proceso no ha sido transparente" y la consecuencia ha significado la anulación de la norma aprobada.
Según las juristas expertas de la formación política animalista, el Gobierno de Castilla y León "no acreditó convenientemente los principios de racionalización, orden y garantía de los procesos y equilibrios naturales exigidos por la normativa nacional y las directivas europeas de protección medioambiental de obligado cumplimiento y observancia".
Según la sentencia, la composición del informe preceptivo del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León había sido declarada ilegal por la propia Sala de lo Contencioso – Administrativo del TSJCyL porque "vulnera un pilar fundamental en materia medioambiental como es el derecho de participación en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente".
El Partido Animalista afirma que el Gobierno de Castilla y León aprobó en 2018 el reglamento de regulación de la caza «a la desesperada», ya que un primer recurso interpuesto por PACMA en el que se denunciaban irregularidades había determinado que la normativa que estaba en vigor en ese momento era inválida.
Igualmente, PACMA denunció en su recurso cómo la Junta actuó "desoyendo" los extensos argumentos de los representantes de las asociaciones de protección del medio ambiente que, recordemos, son la representación de la ciudadanía en ese trámite.
Así, Ecologistas en Acción y SEO Birdlife, en la fase correspondiente, pusieron de manifiesto la ausencia de estudios poblacionales actuales y reales de las especies que se determinaban como cazables, además de advertir sobre los «errores flagrantes» respecto de la delicada situación de algunas especies tales como la agachadiza chica, el faisán, la tórtola común, el estornino pinto, la cerceta o la avefría. PACMA afirma que los argumentos no fueron tenidos en cuenta a pesar de la insistencia de estas organizaciones.
"Los representantes de dichas organizaciones hicieron un gran trabajo de estudio y se pronunciaron en contra de la aprobación de dicho reglamento por una sencilla razón: no existía estudio poblacional correctamente efectuado para poder determinar el bienestar de las poblaciones de animales que se proponían como especies cazables», especifican Olivares y García.
Esta es una cuestión en la que PACMA lleva años trabajando en los tribunales y que demuestra, en sus palabras, que "los gobiernos no pueden obrar al margen de la legalidad ni en beneficio de unos pocos".
La formación política animalista asegura que sigue trabajando activamente por la revisión de toda la normativa de caza en España que, apunta, "está mal sustentada, presenta irregularidades que incumplen directivas europeas de protección del medio ambiente, es anticuada y no se corresponde con el sentir social actual ni con las necesidades reales de la biodiversidad en nuestro país".
PACMA concluye reiterando que la actividad cinegética en modo alguno es un instrumento de gestión de la naturaleza. Además, apunta que «con ella se infringen los derechos constitucionales de igualdad entre españoles y el derecho a circular libremente por todo el territorio», al ofrecer privilegios de movilidad por casi todo el territorio nacional a «unos pocos ciudadanos» y limitándose, por consecuencia, los derechos de circulación de los no cazadores por el país.
