La Junta de Castilla y León exige la implicación del Gobierno de España para liderar el debate sobre el modelo de país que queremos y ha apostado por mantener la exigencia de establecer una fiscalidad diferenciada para aquellos territorios en los que existe una mayor dispersión geográfica y que están siendo los más castillados por la despoblación.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado que Castilla y León, junto a Castilla-La Mancha y Aragón llevan meses exigiendo al Ejecutivo central la necesidad de establecer esta fiscalidad diferenciada al tiempo que ha reiterado todas las ayudas que a nivel autonómico se están haciendo por tratar de fijar población.
"Desde la Junta mantenemos escuelas abiertas donde hay tres chavales, mantenemos los consultorios y los centros de salud, mantenemos también otro tipo de servicios públicos, residencias privadas con financiación pública de plazas concertadas, estamos realizando un esfuerzo por nuevos servicios desde el transporte gratuito a la demanda, estamos haciendo un esfuerzo a los autónomos que se quieren instalar en el medio rural, colaboración con las corporaciones locales para que haya suelo industrial en condiciones favorables y desde luego una de las líneas que puede favorecer la lucha contra la despoblación es la fiscalidad diferenciada", asegura.
Durante su discurso en el debate de investidura, Mañueco apostaba por la necesidad de aprobar una Ley para hacer más competitivo al medio rural "y en ese sentido los servicios públicos y el impulso a la actividad económica serán dos de los ejes fundamentales", por lo que ha mostrado su compromiso con blindar los servicios en una autonomía que día a día sufre más el problema de la despoblación.
Precisamente según los datos del padrón Castilla y León ha perdido 13.000 habitantes durante el último año. La intención de la Junta es que esa Ley se apruebe este mismo año. De hecho, en los próximos días se espera que se apruebe el inicio de proyecto de modificación tributaria que incluirá las deducciones en el medio rural, las bonificaciones del 95% de las tasas de caza y pesca y otras actividades.
