Las listas de espera de la sanidad pública en Castilla y León vuelven a situarse en cifras que Izquierda Unida Castilla y León considera “alarmantes” y “por encima de los niveles recomendables”. Según los últimos datos publicados por la Junta, la demora media para una intervención quirúrgica alcanza ya los 87 días, mientras que la espera para acceder a una consulta externa con un especialista asciende a 101 días.
A estos tiempos se suman las voluminosas cifras de pacientes pendientes. En Castilla y León hay 47.011 personas en lista de espera para técnicas diagnósticas y 14.195 que aún no tienen ni siquiera asignada la fecha de su primera prueba diagnóstica. A ello se añaden 247.768 pacientes que aguardan una primera consulta con un especialista. Un volumen de personas que, según IU, pone de relieve “un problema de fondo” del sistema sanitario.
La organización sostiene que las listas de espera son hoy una de las principales preocupaciones tanto para la ciudadanía como para los propios profesionales. “Cuando las esperas se prolongan, el sistema deja de ser funcional, pierde credibilidad y abre la puerta a que la sanidad privada convierta este déficit en un negocio”, señalan.
Izquierda Unida denuncia además que estos datos estarían “maquillados”, como ya han advertido “en múltiples ocasiones” tanto la formación como las plataformas en defensa de la sanidad pública. Por ello, el coordinador regional Juan Gascón ha solicitado la realización de una auditoría independiente y exhaustiva que permita conocer las “causas reales” del deterioro y diseñar una “planificación sanitaria sólida” ajustada a las necesidades de cada área y zona de salud.
Una de las claves que IU propone es el refuerzo del sistema público, con un incremento real de la actividad en los centros, la optimización del uso de quirófanos y consultas, y una apuesta decidida por la Atención Primaria, descrita como “la puerta de entrada del sistema” y el engranaje que permitiría desatascar el resto de niveles asistenciales.
La formación defiende también la necesidad de “incentivar adecuadamente” a los profesionales sanitarios mediante políticas de reconocimiento económico y de carrera vinculadas a resultados asistenciales. Y, en paralelo, subraya la urgencia de reducir las desigualdades territoriales, garantizando una atención homogénea en toda la Comunidad.
IU contrasta esta situación con el incremento del uso de conciertos privados: Sanidad destinó el pasado año 13,1 millones de euros a acuerdos con entidades privadas para sacar de la lista de espera quirúrgica a 5.872 pacientes y realizar 46.397 pruebas diagnósticas, más del doble que en 2019. Un indicador que, a juicio de la organización, evidencia que las “esperas eternas” son también “la base de un excelente negocio”.
El objetivo final, según la formación, es avanzar hacia un modelo sanitario “planificado, transparente y centrado en los resultados”, que deje atrás un escenario que consideran insostenible: un sistema público atrapado en los tiempos de espera y una ciudadanía que sigue sin respuesta mientras los retrasos se cronifican.
