Ley de residencias en Castilla y León: dos años sin ratios de personal ni sistema de calidad en centros de mayores
Dos años después de la aprobación de la Ley 3/2024, de 12 de abril, que regula el modelo de atención en centros residenciales y centros de día en Castilla y León, su aplicación continúa sin desarrollarse en aspectos considerados clave para garantizar la calidad asistencial a las personas mayores.
La Plataforma Social de Castilla y León denuncia que la Junta no ha cumplido los plazos previstos en la propia norma, especialmente en dos ámbitos esenciales: la definición de las ratios mínimas de personal y la puesta en marcha del sistema de evaluación de calidad de los centros.
En lo relativo a las ratios, la ley establecía que debían aprobarse en un plazo de ocho meses desde su entrada en vigor. Sin embargo, transcurrido este periodo ampliado a dos años, los estándares de personal siguen sin estar fijados de forma definitiva, lo que, según los colectivos sociales, dificulta garantizar una atención adecuada y centrada en la persona en residencias y centros de día.
En julio de 2025, la Junta presentó un proyecto de decreto para regular estas ratios, aunque el texto recibió numerosas alegaciones de distintos colectivos profesionales. La Plataforma Social registró hasta diez observaciones al considerar que el documento suponía un retroceso respecto a versiones previas del borrador.
El segundo eje pendiente es el sistema de evaluación de calidad, que la ley contemplaba como obligatorio y de carácter público, con revisiones anuales en todos los centros. Además, la norma preveía la creación de un sistema de indicadores y estándares de calidad, así como un órgano asesor dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales para supervisar su cumplimiento.
A día de hoy, según la Plataforma Social, ni el sistema de evaluación está operativo ni se ha constituido el órgano previsto, lo que deja sin desarrollo uno de los pilares fundamentales del modelo de atención aprobado.
Ante esta situación, el colectivo social reclama a la Junta el desarrollo completo de la ley, con la aprobación urgente de las ratios de personal y la puesta en marcha de los mecanismos de control de calidad, con el objetivo de garantizar recursos suficientes y estándares verificables en la atención a las personas mayores en Castilla y León.