La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León solicitó en julio un dictamen al Consejo Consultivo para aclarar la interpretación y aplicación de la Ley 1/2025 de Publicidad Institucional, ante las dudas y dificultades que su texto generaba. La petición respondía a la necesidad de garantizar seguridad jurídica, proteger la igualdad y la libre concurrencia en la contratación pública, y evitar posibles conflictos normativos que afecten a ciudadanos y empresas.
El dictamen emitido por el Consejo Consultivo confirma los riesgos que ya había señalado el Ejecutivo autonómico. Según el informe, la ley presenta conflictos con la normativa estatal básica, introduce criterios discriminatorios en la contratación, establece límites económicos arbitrarios e incluso interviene en competencias laborales, poniendo en entredicho su validez y aplicación.
El Consejo Consultivo concluye que la norma autonómica no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa estatal sobre publicidad institucional. En particular, la exclusión de medios condenados en sentencia firme constituye una medida que excede las competencias autonómicas y carece de respaldo constitucional, lo que aumenta el riesgo de nulidad judicial.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, aseguró que “el dictamen confirma lo que la Junta venía señalando desde el inicio: la ley supera las competencias de la Comunidad y vulnera principios constitucionales fundamentales”.
Además, el dictamen recuerda que la legislación penal es competencia exclusiva del Estado. Por ello, la sanción prevista por la ley autonómica, que impide a ciertos medios contratar publicidad institucional, no puede considerarse legalmente viable, al constituir una medida punitiva que la Comunidad no está facultada para imponer.
El Consejo Consultivo también critica el límite del 33 % de la cifra de negocio anual que un medio puede obtener a través de publicidad institucional. Esta restricción carece de respaldo legal estatal, resulta arbitraria y compromete la libre competencia, poniendo en riesgo la viabilidad de medios locales y de menor tamaño.
Asimismo, advierte que la limitación vulnera los principios de igualdad y pluralidad, al imponer barreras que dificultan el acceso equitativo a la contratación pública y afectan la diversidad de los medios en la difusión de campañas institucionales.
El dictamen señala además que la ley autonómica regula aspectos laborales relacionados con la subrogación de trabajadores vinculados a la televisión autonómica, un ámbito que depende del Estatuto de los Trabajadores y del convenio colectivo aplicable. Esta regulación supone una invasión de competencias estatales, generando inseguridad jurídica para empresas y empleados.
