El Consejo de Gobierno aprueba un Acuerdo de contenido económico por el que se establece que las actuaciones realizadas por la Junta de Catilla y León, para hacer frente a la situación ocasionada por el virus COVID-19, sean objeto de control por parte de la Intervención.
El Consejo de Gobierno extraordinario ha aprobado un Acuerdo por el que se establece, de la forma más inmediata posible, que los actos de contenido económico derivados de actuaciones realizadas por la Administración Institucional de Castilla y León para atender la situación ocasionada por el COVID-19, sean objeto de un control por parte de la Intervención.
De esta forma, el Acuerdo fija que se aplicará el control financiero permanente como forma de ejercicio del control respecto de todos los actos de contenido económico de los organismos autónomos de la Administración Institucional de la Comunidad, cuando sean consecuencia de actuaciones necesarias para atender la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19. Para justificar esta circunstancia, en el expediente se incluirá un informe justificativo al respecto por parte del titular del organismo autónomo responsable de la actuación.
No estarán sujetos a la función interventora los actos de contenido económico de los entes públicos de derecho privado de la Administración Institucional de la Comunidad, cuando sean consecuencia de actuaciones para hacer frente a la emergencia ocasionada por el COVID-19. Para justificar esta circunstancia, asimismo, se incluirá en el expediente un informe justificativo al respecto por parte del titular del ente público de derecho privado responsable de la actuación.
Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, previéndose en el mismo la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta coyuntura.
Según lo indicado, el conjunto de acciones que todas las Administraciones deben adoptar para hacer frente a esta pandemia internacional deben estar presididas por la máxima flexibilidad, debiéndose adoptar las decisiones más convenientes que de forma inmediata contribuyan a contener la progresión de la enfermedad, a reforzar el sistema de salud pública, a prevenir y contener el virus y a mitigar su impacto sanitario, social y económico.
