Izquierda Unida de Castilla y León (IUCyL) ha propuesto en las Cortes de Castilla y León la implementación de una moratoria en la construcción de plantas de biogás en la región hasta la aprobación del Plan Regional de Biogás 2024-2034, que actualmente se encuentra en proceso de tramitación. Según IUCyL, existen alrededor de 40 proyectos relacionados con el biogás y biometano, muchos de ellos ubicados cerca de macrogranjas, lo que ha generado un notable rechazo social.
Desde la formación política se reconoce que la energía producida a partir de residuos orgánicos puede representar una oportunidad para la gestión de estos y la generación de energía, pero subrayan la importancia de que los proyectos cuenten con el apoyo de la población local y que el uso de la energía sea a nivel local, cerrando ciclos materiales y energéticos. Además, exigen que se garantice la seguridad y que estos proyectos no sirvan como pretexto para impulsar un modelo de ganadería industrial que consideran insostenible.
IUCyL también señala que las empresas inversoras ven en los pueblos de Castilla y León una oportunidad de negocio, lo que no siempre coincide con los intereses de la población. Argumentan que el aumento de estos proyectos puede conllevar problemas como fugas, filtraciones, malos olores y molestias debido a que las plantas operan las 24 horas y requieren transporte continuo.
La propuesta de Izquierda Unida incluye la suspensión de los procedimientos de autorización ambiental que ya están en trámite hasta que el Plan Regional de Biogás sea aprobado. La formación considera que este plan debe ser la herramienta que regule la implantación de estas plantas y garantice un desarrollo controlado y respetuoso con el territorio.
Casos como los proyectos en Villota del Páramo, Poza de la Vega y San Andrés de la Regla, en Palencia, y los de Vega de Tera, Santibáñez de Vidriales, Cerecinos y San Cebrián de Castro, en Zamora, son citados como ejemplos de la necesidad de una planificación adecuada. Estos municipios cercanos entre sí corren el riesgo de solaparse en el uso de los residuos orgánicos de las granjas, lo que, según IU, refuerza la urgencia de aprobar el Plan Regional de Biogás
