La sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática acogió este martes una reunión histórica entre la Unión del Pueblo Leonés (UPL), el Ministro Ángel Víctor Torres y el Secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, en la que los leonesistas trasladaron su demanda de constituir una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa, integrada por las provincias de Salamanca, Zamora y León.
Durante el encuentro, el Ministro mostró comprensión por la reclamación y reconoció el “legítimo derecho” de la Región Leonesa a explorar su autonomía dentro de los cauces legales y constitucionales. Esta solicitud cuenta con el respaldo de más de 70 municipios y la Diputación de León.
El presidente de UPL, Carlos Javier Salgado, subrayó que la Región Leonesa ha sufrido la peor evolución socioeconómica de Europa occidental en el periodo autonómico, con la pérdida de 180.000 habitantes desde 1983, lo que representa cerca del 90% de la población perdida en Castilla y León. Además, las provincias leonesas presentan los peores indicadores de envejecimiento, actividad económica y renta per cápita dentro de la comunidad.
Salgado afirmó que la autonomía de la Región Leonesa cumple con los requisitos legales de la Constitución, y que su creación permitiría un desarrollo equilibrado del oeste de España, contribuyendo al equilibrio económico y territorial.
Por su parte, la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, recordó que la demanda no es solo del partido, sino de la ciudadanía, y destacó que los acuerdos a favor de la autonomía cuentan con apoyo de concejales de diversos partidos, incluyendo PSOE, PP, Podemos, IU, Vox o Coalición por El Bierzo.
El vicesecretario general, Luis Mariano Santos, reforzó que la reclamación trasciende las siglas políticas y se ha vuelto cada vez más mayoritaria, especialmente en León, reclamando que “se escuche al pueblo” sobre la cuestión.
Tras el encuentro, Gallego destacó que el Ministro ha entendido perfectamente que la demanda de la Región Leonesa es un derecho legítimo, y subrayó que las reivindicaciones económicas, sociales y territoriales de la región están plenamente amparadas por la Constitución.
