Otro frente abierto contra la Junta: Las monitoras de "Madrugadores" denuncian falta de material en los colegios
IU-Sumar-Verdes Equo exigen a la Junta que fiscalice a la empresa adjudicataria de Madrugadores, un servicio que atiende en la comunidad a unos 5.000 niños y niñas en 93 centros escolares, con una plantilla cercana a 300 monitoras y monitores
La coalición En Común, integrada por Izquierda Unida, Sumar y Verdes Equo, ha reclamado a la Junta de Castilla y León que refuerce el control sobre las empresas adjudicatarias de servicios públicos, después de que trabajadoras del programa escolar “Madrugadores” hayan denunciado la falta de material para desarrollar las actividades con el alumnado cuando el curso ya ha superado su ecuador.
La denuncia se produce en un servicio que atiende en la comunidad a unos 5.000 niños y niñas en 93 centros escolares, con una plantilla cercana a 300 monitoras y monitores. El candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de la Junta por la coalición En Común, Juan Gascón, ha señalado que la situación evidencia “una falta de responsabilidad del Gobierno autonómico al externalizar servicios públicos básicos” y ha criticado que ni siquiera se supervise el funcionamiento de las empresas que gestionan estos programas.
Este curso la Junta adjudicó el servicio “Madrugadores” a la empresa gallega Grupo Externa S.L., que asumió la gestión mediante la subrogación de la plantilla existente. Sin embargo, según denuncian las trabajadoras, aún no se ha formalizado el compromiso laboral con la nueva empresa pese a que el proceso se inició en septiembre.
La polémica se ha intensificado después de que, según las monitoras, la empresa haya planteado que sean ellas mismas quienes compren el material necesario adelantando el dinero y empleando su tiempo libre. Las trabajadoras, que desarrollan su actividad en jornadas reducidas entre las 7.00 y las 9.30 horas, han rechazado esta opción y reclaman que sea la empresa quien asuma la adquisición de los recursos necesarios para el servicio.
Para la coalición En Común, este episodio refleja un “nulo control” por parte del Ejecutivo autonómico sobre las empresas adjudicatarias, una situación que, aseguran, termina trasladando los problemas de gestión tanto a las trabajadoras como a los escolares que utilizan el servicio.
Gascón ha defendido que la situación demuestra la necesidad de replantear el modelo de externalización de servicios públicos en la comunidad y ha reclamado “un cambio de rumbo en el Gobierno de Castilla y León que devuelva al sector público servicios esenciales, especialmente en ámbitos como la educación o la sanidad”, garantizando además calidad en la prestación y respeto a los derechos laborales de la plantilla.