La Alianza UPA-COAG ha levantado su voz en un llamado urgente a las autoridades pertinentes, instando a un escrutinio riguroso de las prácticas de los operadores cerealistas y las Lonjas Provinciales en Castilla y León. La demanda es clara: se debe hacer cumplir estrictamente la Ley de Cadena Alimentaria, ya que las acciones de estos agentes están provocando estragos en el sector productor, sumiéndolos en una crisis de precios que amenaza su subsistencia.
La situación actual enfrentada por los agricultores de cereal en Castilla y León es desalentadora, con precios que caen significativamente por debajo de los costos de producción. Este desequilibrio financiero no solo amenaza la viabilidad económica de los productores, sino que también contradice de manera flagrante los mandatos de la Ley de Cadena Alimentaria.
El coste de producción de cultivos como la cebada sobrepasa con creces los precios que los agricultores están recibiendo en el mercado, dejándolos en una posición de desventaja insostenible. La Alianza UPA-COAG identifica a los Operadores de Cereales como los principales culpables de esta situación, al fijar precios que ignoran por completo los costos de producción, sumiendo a los agricultores en pérdidas económicas devastadoras.
Además de los Operadores de Cereales, las Lonjas Provinciales también están en la mira de la Alianza UPA-COAG. Estas entidades, que deberían establecer precios basados en la legalidad y la equidad, están sirviendo como referencia para los operadores, perpetuando así un ciclo de precios injustos que perjudican gravemente a los productores.
La demanda es clara: las Lonjas Provinciales deben cumplir con la Ley de Cadena Alimentaria y suspender las cotizaciones cuando los precios se sitúen por debajo de los costos de producción, tal como lo hicieron en el pasado cuando los precios eran desfavorables para los operadores.
La Alianza UPA-COAG también exige una supervisión exhaustiva de todas las operaciones en los puertos españoles, asegurando que el precio de entrada del grano nunca sea inferior a los precios que reciben los agricultores españoles por sus productos. Este control es fundamental para prevenir prácticas comerciales desleales y proteger la integridad de la cadena alimentaria.
Finalmente, la Alianza UPA-COAG hace un llamado a la Junta de Castilla y León para que dote de los recursos necesarios a la Dirección General de Cadena Alimentaria de la Consejería de Agricultura. Esta entidad no debe ser una figura decorativa, sino una fuerza activa que garantice el cumplimiento de la ley y defienda los intereses de los agricultores y ganaderos de la región.
