En una sesión extraordinaria celebrada hoy, la entidad denunció que estas directrices suponen un grave riesgo para la seguridad de los pacientes y exigió a la Consejería de Sanidad la paralización inmediata de su aplicación en la región.
as guías en cuestión, que incluyen directrices específicas como la “Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os: infección de tracto urinario inferior no complicada en mujeres adultas”, han sido criticadas por el CCOMCYL por lo que consideran una vulneración flagrante de los principios fundamentales de la práctica clínica. Según la legislación europea y española, la facultad de instaurar tratamientos con medicamentos sujetos a prescripción médica está reservada exclusivamente a médicos, odontólogos y podólogos, debido a la necesidad de garantizar la calidad asistencial y la seguridad del paciente.
El CCOMCYL argumenta que permitir a los profesionales de enfermería asumir estas competencias sin contar con el nivel adecuado de formación y conocimientos necesarios para la valoración completa y el seguimiento de tratamientos representa un peligro significativo. La práctica clínica, sostienen, no puede reducirse a la aplicación mecánica de un protocolo, sino que requiere una evaluación clínica integral, incluyendo anamnesis, exploración física y pruebas complementarias, para maximizar los efectos terapéuticos y minimizar los efectos secundarios.
El Consejo también criticó la justificación del Ministerio de Sanidad para la implementación de estas guías, que alega la necesidad de facilitar el acceso rápido a tratamientos debido a una supuesta escasez de médicos. Según el CCOMCYL, en lugar de trasladar competencias médicas a otras profesiones, la solución pasa por una correcta planificación de recursos humanos, mejorando el acceso a médicos y optimizando su tiempo y recursos para una atención más eficiente.
Como medida inmediata, el CCOMCYL ha solicitado una reunión urgente con el Consejero de Sanidad de Castilla y León y ha instado al Ministerio de Sanidad a cesar la publicación de nuevas guías y retirar las ya existentes. La entidad, actuando en defensa de los intereses de los pacientes y de acuerdo con su Código Deontológico, busca asegurar que las políticas de salud pública se alineen con los estándares de seguridad y calidad requeridos para la atención médica.
