La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila que condenó a dos años de cárcel a una mujer por estafar cerca de 40.000 euros a los familiares de un condenado a prisión por un delito sexual con el pretexto de que, con ese dinero, conseguirían que quedara en libertad.
La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, había prometido a los familiares del recluso que con el dinero que le entregaran lograría su liberación. Sin embargo, en lugar de emplear los fondos para contratar un abogado y presentar un recurso, la acusada los utilizó para fines personales. El fallo de la audiencia provincial se consideraba autora criminalmente responsable de un delito de estafa del subtipo cualificado de especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que se deje a la víctima o a su familia.
La condenada deberá cumplir la pena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Ávila, ratificada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tras desestimar el recurso de apelación y a la que se suma una multa de seis meses con una cuota diaria de cinco euros.
La sentencia emitida por el TSJCyL desestima el recurso interpuesto por la condenada, quien aprovechó la angustiosa situación de la familia para solicitarles dinero en concepto de provisión de fondos para abogados, tanto directamente como a través de terceras personas.
El tribunal destacó la gravedad de la estafa, no solo por la cuantía defraudada, sino también por la difícil situación económica de las víctimas, quienes confiaron en la promesa de la acusada y se vieron gravemente perjudicadas.
Este caso pone de manifiesto la importancia de verificar la veracidad de las promesas y la identidad de las personas antes de realizar cualquier tipo de transacción económica, especialmente en situaciones delicadas como la que atravesaban los familiares del preso.
La condenada deberá cumplir la pena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Ávila, ratificada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
