La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, y JUSAPOL (plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios de Policía y Guardia Civil) han salido hoy, de nuevo, a las calles de toda España este miércoles 22 de junio, en defensa de la calidad de los servicios y de las condiciones laborales y retributivas de las y los empleados públicos, exigiendo al Gobierno que cumpla su palabra e inicie de una vez las negociaciones para su subida salarial.
Cientos de delegados y empleados públicos se han concentrado en Valladolid, ante la Subdelegación de Gobierno, en una movilización se producen la víspera a la celebración del Día de Naciones Unidas para la Administración Pública, que CSIF aprovecha para llamar la atención sobre la incertidumbre económica y sus efectos sobre los servicios que reciben los ciudadanos.
Es la segunda vez que CSIF sale a la calle en menos de un mes para exigir al Ejecutivo inicie una negociación para compensar los efectos de la inflación. Las y los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo superior al 15% desde 2010, cuando se les rebajó el sueldo.
CSIF también reivindica la supresión de la tasa de reposición, la efectiva estabilización de plazas, mejoras en las condiciones de jubilación, la corrección de desigualdades retributivas entre administraciones, la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio o la mejora en la atención sanitaria de las mutuas de funcionarios.
En este contexto, el sindicato independiente, presidido por Miguel Borra, ha enviado una carta al Ministerio de Hacienda y Función Pública, emplazándole a convocar “de manera inmediata” la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, una vez que el BOE ha publicado las normas de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.
En la carta, le recuerdan al Gobierno que “es el momento de pasar de las palabras a los hechos”, y que el Ejecutivo “no puede rehuir la negociación colectiva incumpliendo sus compromisos”. CSIF exige al Gobierno que aproveche la tramitación de los PGE para demostrar el mismo nivel de compromiso y de entrega que las/os empleados públicos han tenido en los últimos años.
Por su parte, el presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro ha apuntado que “se trata de exigir al Gobierno que se siente a hablar ya de la recuperación salarial y de la mejora de las condiciones laborales, congeladas desde que en 2010 los empleados públicos sufrieron los primeros ‘tijeretazos’ para hacer frente a la crisis económica y que les ha supuesto hasta hoy una pérdida de poder adquisitivo del 15 por ciento”.
“No consentimos que continuemos siendo los paganos de las malas praxis de los sucesivos gobiernos, que han consentido que los empleados públicos sean hoy más pobres que en 2010, ni tampoco que seamos el chivo expiatorio de la actual crisis económica”, ha expuesto Benjamín Castro, quien ha recordado que todos ellos llevan contribuyendo de hecho al pacto de rentas desde hace más de diez años.
Ante esta situación, CSIF reivindica un acuerdo a varios años que incluya una “subida justa de los salarios”, que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en un plazo razonable, y que se produzca una equiparación salarial entre diferentes comunidades y administraciones.
