Castilla y León recurre el nuevo reparto de menores extranjeros y rechaza la asignación de más de 800 plazas
La Junta de Castilla y León ha anunciado que presentará un recurso contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que el Gobierno de España establece la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados. La norma asigna a Castilla y León una capacidad de acogida de 833 menores, una cifra que el Ejecutivo autonómico considera injustificada y alejada de la capacidad real del territorio.
Desde el Gobierno autonómico sostienen que el nuevo reparto vuelve a aprobarse de forma unilateral, sin el consenso de todas las comunidades autónomas y sin respetar las competencias que estas tienen en materia de protección de menores.
La Junta defiende que la capacidad del sistema no puede fijarse atendiendo a criterios políticos, sino que debe basarse en la disponibilidad real de recursos de cada comunidad. A su juicio, el modelo planteado por el Ejecutivo central dificulta la planificación de los servicios de acogida y compromete la sostenibilidad del sistema de protección.
El Ejecutivo de Castilla y León también cuestiona el incremento de plazas asignadas respecto al anterior reparto. Recuerda que el Real Decreto aprobado en agosto de 2025, actualmente también recurrido, establecía una capacidad de 783 menores, mientras que ahora la cifra aumenta hasta 833, lo que supone un incremento del 6,38 %.
Según argumenta la Junta, este aumento no guarda relación con la evolución demográfica de la Comunidad, ya que la población de Castilla y León únicamente ha crecido un 0,72 % entre agosto de 2025 y mayo de 2026. Por ello, considera que el nuevo reparto carece de una justificación objetiva y refleja una falta de proporcionalidad en los criterios aplicados por el Gobierno.
Ante esta situación, los Servicios Jurídicos de la Junta, a petición de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, interpondrán en los próximos días el correspondiente recurso contencioso.