Castilla y León moviliza 286,7 millones para amortiguar la crisis de Oriente Medio y el alza de la energía
El plan, con 28 medidas, incluye rebajas fiscales para aliviar la factura energética de los hogares, junto con bonos sociales para familias vulnerables y refuerzo del transporte público ante el encarecimiento del carburante. También contempla ayudas a la eficiencia energética, programas de empleo y financiación para garantizar los servicios públicos en un contexto de subida generalizada de costes
El plan se articula como una respuesta integral a la tensión en los mercados energéticos y su traslación directa a los costes de producción, la actividad empresarial y el consumo de los hogares, con actuaciones dirigidas a empresas, autónomos, trabajadores, familias vulnerables y administraciones públicas.
El bloque más relevante es el de financiación empresarial, dotado con 113 millones de euros, que incluye líneas de crédito para afrontar la subida de costes energéticos, apoyar la internacionalización de pymes, impulsar inversiones en autoconsumo y reforzar instrumentos financieros vinculados a sectores estratégicos como el agroalimentario, el forestal o el industrial. También se amplían plazos de carencia en préstamos ya concedidos y se incrementa el apoyo a los seguros agrarios para jóvenes agricultores, que pasan a una bonificación del 25%.
En materia de empleo, el Ejecutivo autonómico destina 7 millones de euros a programas de cualificación en sectores estratégicos como el tecnológico, energético, biosanitario o logístico, junto con incentivos a la contratación y medidas para la atracción y retorno del talento cualificado.
El ámbito del transporte público recibe 5 millones de euros, orientados a reforzar el sistema Buscyl mediante el ajuste de rutas y frecuencias, al tiempo que se asume el incremento del coste del carburante para garantizar la continuidad del servicio.
En el plano social, se activa una partida de 1 millón de euros para bonos de urgencia social, dirigidos a familias en situación de especial vulnerabilidad ante posibles escenarios de tensión económica derivados de la crisis.
Uno de los ejes de mayor impacto es el de la reducción de la fiscalidad autonómica, con una estimación de 117,4 millones de euros, en aplicación del Real Decreto-ley estatal que reduce impuestos vinculados a la electricidad, el IVA energético y los hidrocarburos, trasladando parte del impacto a las comunidades autónomas.
El paquete se completa con 33,3 millones de euros destinados a eficiencia y ahorro energético, incluyendo ayudas a empresas y edificios del sector terciario, impulso al autoconsumo, promoción de la biomasa y despliegue de redes de calor basadas en recursos forestales, además de iniciativas de construcción sostenible.
Finalmente, se reservan 10 millones de euros para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, asegurando la ejecución de contratos, la cobertura de sobrecostes y la adaptación de fondos europeos a la evolución del escenario económico.
El conjunto de medidas se plantea como un instrumento flexible, susceptible de revisión en función del desarrollo de la crisis internacional y su impacto en la economía regional.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a un paquete de 28 medidas estructuradas en siete ejes estratégicos, con un impacto económico estimado de 286,7 millones de euros, destinado a mitigar las consecuencias del encarecimiento del petróleo, el gas y otros insumos básicos en un contexto internacional marcado por la crisis en Oriente Medio.
El plan se articula como una respuesta integral a la tensión en los mercados energéticos y su traslación directa a los costes de producción, la actividad empresarial y el consumo de los hogares, con actuaciones dirigidas a empresas, autónomos, trabajadores, familias vulnerables y administraciones públicas.
El bloque más relevante es el de financiación empresarial, dotado con 113 millones de euros, que incluye líneas de crédito para afrontar la subida de costes energéticos, apoyar la internacionalización de pymes, impulsar inversiones en autoconsumo y reforzar instrumentos financieros vinculados a sectores estratégicos como el agroalimentario, el forestal o el industrial. También se amplían plazos de carencia en préstamos ya concedidos y se incrementa el apoyo a los seguros agrarios para jóvenes agricultores, que pasan a una bonificación del 25%.
En materia de empleo, el Ejecutivo autonómico destina 7 millones de euros a programas de cualificación en sectores estratégicos como el tecnológico, energético, biosanitario o logístico, junto con incentivos a la contratación y medidas para la atracción y retorno del talento cualificado.
El ámbito del transporte público recibe 5 millones de euros, orientados a reforzar el sistema Buscyl mediante el ajuste de rutas y frecuencias, al tiempo que se asume el incremento del coste del carburante para garantizar la continuidad del servicio.
En el plano social, se activa una partida de 1 millón de euros para bonos de urgencia social, dirigidos a familias en situación de especial vulnerabilidad ante posibles escenarios de tensión económica derivados de la crisis.
Uno de los ejes de mayor impacto es el de la reducción de la fiscalidad autonómica, con una estimación de 117,4 millones de euros, en aplicación del Real Decreto-ley estatal que reduce impuestos vinculados a la electricidad, el IVA energético y los hidrocarburos, trasladando parte del impacto a las comunidades autónomas.
El paquete se completa con 33,3 millones de euros destinados a eficiencia y ahorro energético, incluyendo ayudas a empresas y edificios del sector terciario, impulso al autoconsumo, promoción de la biomasa y despliegue de redes de calor basadas en recursos forestales, además de iniciativas de construcción sostenible.
Finalmente, se reservan 10 millones de euros para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, asegurando la ejecución de contratos, la cobertura de sobrecostes y la adaptación de fondos europeos a la evolución del escenario económico.