"Vamos a actuar con firmeza y determinación. Ni nos vamos a cruzar de brazos ni vamos a mirar para otro lado". Directo y rotundo el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado las decisiones adoptadas en el Consejo de Gobierno extraordinario que este sábado ha analizado los pasos a dar ante las negociaciones entre el PSOE y ERC de cara a lograr los apoyos necesarios para que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante.
La condonación de la deuda catalana por valor de 15.000 millones así como la amnistía han sido muy criticadas por CCAA gobernadas tanto por el PP pero también por Gobiernos socialistas al considerarlas cesiones que suponen un "agravio comparativo" realizado de espaldas al resto de regiones. "Es un agravio negociar con unos pocos lo que afecta a todos los españoles. Se está rompiendo el marco de coordinación financiera que tenemos entre el Estado y las Autonomías de régimen común. Estas decisiones deben ser debatidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".
Este viernes Mañueco ya avanzaba su intención de "defender la igualdad y rechazaremos los privilegios y la discriminación" al tiempo que anunciaba medidas contundentes que se han materializado pocas horas después. "La conclusión es clara: atentan gravemente contra España y contra Castilla y León, atentan gravemente contra nuestro marco de convivencia".
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha analizado las propuestas de acuerdos políticos sobre amnistía y medidas financieras, conocidos el pasado 2 de noviembre, en el marco de las negociaciones para la formación del Gobierno de la Nación. Este texto recoge medidas que podrían atentar contra los principios del Estado de derecho, la separación de poderes y el principio de igualdad en España a través de la amnistía, y menoscabar la financiación y recursos públicos para el mantenimiento de servicios esenciales para la ciudadanía de Castilla y León, a través de medidas financieras y económicas de privilegios.
Por este motivo, la Junta de Castilla y León ha adoptado dos acuerdos. En primer lugar, iniciar el procedimiento para la impugnación inmediata mediante Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la materialización formal que se produzca de los acuerdos políticos sobre la amnistía.
Por otra parte, también se acuerda iniciar el procedimiento para la impugnación inmediata mediante Recurso de Inconstitucionalidad o Recurso Contencioso-Administrativo contra la materialización formal de las medidas financieras y económicas recogidas en los mismos acuerdos político ante el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo o Audiencia Nacional, en función de la institución que adopte y materialice el acuerdo.
