El Gobierno destinará 10.534.121 euros a Castilla y León para reforzar la Atención Primaria y Comunitaria dentro del nuevo reparto estatal aprobado por el Consejo de Ministros. La inversión forma parte de una partida nacional de 172,4 millones de euros impulsada por el Ministerio de Sanidad para desarrollar el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria y el Plan de Acción 2025-2027.
La financiación permitirá avanzar en la modernización de los centros de salud y en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. Entre las medidas previstas destaca el impulso de sistemas de Inteligencia Artificial para transcripción conversacional en consulta, con el objetivo de reducir carga burocrática y agilizar la atención sanitaria.
El plan contempla además la renovación de equipamiento clínico, la ampliación de pruebas diagnósticas accesibles desde Atención Primaria y el refuerzo de la capacidad de detección de infecciones de transmisión sexual. También se financiarán programas de salud comunitaria, escuelas de salud dirigidas a la ciudadanía y sistemas de notificación de incidentes relacionados con la asistencia sanitaria.
El Ministerio de Sanidad subraya que el acuerdo busca consolidar una Atención Primaria “más resolutiva, accesible y adaptada a los retos actuales”, reforzando especialmente la prevención y el enfoque comunitario.
La distribución de fondos entre las comunidades autónomas se ha realizado atendiendo principalmente a criterios de población protegida, aunque también se han tenido en cuenta factores como la dispersión territorial y la superficie.
El acceso a la totalidad de la financiación estaba condicionado al cumplimiento de varios requisitos vinculados al empleo público sanitario, puestos de difícil cobertura, estabilidad de unidades docentes y formación de enfermeras especialistas. Según el Ejecutivo, todas las comunidades autónomas de régimen común, incluida Castilla y León, han cumplido las condiciones exigidas para recibir el 100% de los fondos previstos para 2026.
El plan estatal incorpora además medidas relacionadas con la detección temprana de la violencia de género desde Atención Primaria, actuaciones de humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, así como programas de prevención del consumo de alcohol durante el embarazo.
