El sector agrario de Castilla y León afronta una nueva campaña de la Política Agraria Común (PAC), con la apertura del periodo de solicitudes para acceder a las ayudas directas de 2025. A partir del 1 de febrero y hasta el 30 de abril, agricultores y ganaderos podrán presentar su solicitud, una gestión clave para garantizar la continuidad de sus explotaciones, bajo el paraguas del nuevo marco normativo de la PAC 2023-2027.
En esta convocatoria, la Junta de Castilla y León prevé distribuir en torno a 1.000 millones de euros entre los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos. Con una previsión de cerca de 60.000 solicitudes, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural mantiene su apuesta por agilizar los trámites y garantizar el pago de las ayudas en los plazos establecidos, una cuestión que ha convertido a la Comunidad en un referente a nivel nacional en cuanto a rapidez en la ejecución de los pagos.
Además, se mantiene el pago complementario a las primeras hectáreas de explotación, así como el apoyo específico a los jóvenes agricultores. Este refuerzo financiero busca fomentar el relevo generacional en un sector que sigue enfrentando el reto del envejecimiento de su población activa.
En respuesta a las reivindicaciones del sector durante las protestas agrarias del pasado año, la normativa de 2025 introduce ajustes en las condiciones de elegibilidad y gestión de las explotaciones. Una de las modificaciones más destacadas es la exención de controles de condicionalidad para explotaciones de menos de 10 hectáreas, así como la flexibilización en normas como la rotación de cultivos y la cobertura del suelo.
Por otro lado, se elimina la obligatoriedad de establecer superficies de barbecho para cumplir con la normativa de Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), una medida que aporta mayor margen de maniobra a los productores.
Los cambios también afectan a los llamados ecorregímenes, incentivos vinculados a la sostenibilidad ambiental. Entre las modificaciones, se destaca la introducción de un nuevo sistema de islas de biodiversidad y la flexibilización en la siega sostenible, que permitirá a los agricultores elegir entre distintos periodos de inactividad.
Por otro lado, las explotaciones situadas en zonas con limitaciones naturales seguirán contando con un respaldo financiero específico, con ayudas adicionales que oscilan entre los 1.600 y los 4.000 euros, en función del tipo de área en la que se ubiquen.
Castilla y León mantiene su liderazgo en la modernización del control de las ayudas de la PAC. La monitorización de las explotaciones a través de satélite permitirá en 2025 que todos los controles sobre el terreno se realicen de manera automatizada, reduciendo la burocracia y minimizando errores en la tramitación.
Los agricultores y ganaderos que no presenten su solicitud antes del 30 de abril podrán hacerlo hasta el 31 de mayo, aunque con una penalización del 1% por cada día hábil de retraso, salvo en casos de fuerza mayor.
Además, aquellos beneficiarios con compromisos plurianuales en medidas agroambientales o de agricultura ecológica deberán renovar su solicitud para no perder las ayudas asignadas.
