viernes. 29.03.2024

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha presentado en el Parlamento autonómico, de manera conjunta, los ocho informes sobre el examen de la contabilidad electoral de las elecciones a las Cortes de Castilla y León del pasado 13 de febrero, correspondientes a las formaciones políticas que obtuvieron representación parlamentaria: PP, PSOE, Vox, UPL, Soria Ya, Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila.

Según lo previsto en la legislación, están obligados a rendir la contabilidad electoral al Consejo de Cuentas los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hayan alcanzado los requisitos para la percepción de subvenciones como consecuencia de haber obtenido representación parlamentaria, así como los que hayan solicitado un adelanto de subvenciones por haberlas recibido en la anterior convocatoria de elecciones autonómicas.

A la vista de las conclusiones sobre las fiscalizaciones efectuadas, la opinión emitida por el Consejo pone de manifiesto que “las contabilidades electorales rendidas por las formaciones políticas son representativas de los ingresos y gastos electorales declarados, cumpliéndose la normativa electoral aplicable, tal y como se ha reflejado en los resultados de la fiscalización”.

El Consejo de Cuentas se ha pronunciado sobre la regularidad de las contabilidades electorales presentadas dentro de los 200 días posteriores a las elecciones, de acuerdo con los plazos fijados en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, remitiendo los informes al Parlamento autonómico el pasado 1 de septiembre, fecha en la que también fueron publicados en la página web de la institución.

El pronunciamiento del órgano de control externo atiende en primer lugar al objetivo de analizar el cumplimiento de la normativa en materia de ingresos y gastos electorales, así como de la normativa general aplicable. En segundo lugar, a examinar la regularidad de la contabilidad electoral presentada por cada una de las formaciones políticas obligadas a ello.

Al Consejo le corresponde proponer la no adjudicación o, en su caso, la reducción de la subvención electoral a percibir por la formación política en el caso de que se hubiesen apreciado irregularidades en las contabilidades o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales. Además, ha de pronunciarse sobre las que pudieran constituir infracciones sancionables conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos. Supuestos todos ellos que no se han producido, remarcó el presidente.

Asimismo, la fiscalización contiene la declaración del importe de los gastos regulares justificados por cada formación política, que comprende tanto los gastos ordinarios como los gastos por envíos directos o mailing.

De acuerdo con la ley electoral autonómica, el límite máximo de gastos es el que resulta de multiplicar por 0,38 euros la población de derecho de las circunscripciones donde la formación política presenta candidaturas. Ninguna de ellas superó dichos límites.

La normativa autonómica prevé la concesión de subvenciones por cada escaño y por cada voto conseguido, de acuerdo con las reglas que se establecen, así como por los gastos ocasionados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral. Estas cuantías no han sufrido variación respecto a las establecidas para la última convocatoria de elecciones a la Cámara autonómica:

10.205,62 euros por cada escaño obtenido.

0,40 euros por cada voto conseguido por cada candidatura que hubiera obtenido al menos un escaño.

0,19 euros por elector por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, siempre que la candidatura de referencia hubiera obtenido representación parlamentaria.

Las formaciones políticas presentaron su contabilidad electoral conforme al procedimiento dispuesto en la instrucción aprobada por el Consejo de Cuentas para el proceso electoral fiscalizado, con la documentación exigida y en plazo, constatándose en términos generales su coherencia, salvo algunas excepciones. Identificaron y acreditaron la procedencia de los recursos empleados, ingresando los fondos en cuentas abiertas en las entidades de crédito para sufragar los gastos del 13F. Excepciones de fondos no ingresados en las cuentas electorales fueron: 3.214,54 euros en el PSOE o 757,04 en Por Ávila.

Con carácter general las formaciones políticas declararon gastos ordinarios que fueron regularmente contabilizados, justificados y pagados, respondiendo a su naturaleza en función de lo establecido en el artículo 130 de la LOREG, con algunas excepciones.

En general, los gastos no electorales detectados se refieren a desplazamientos que no corresponden a candidatos, dirigentes del partido o personal al servicio de la candidatura; o bien se trata de alquiler de locales fuera de la campaña electoral, o bien no se acredita que hayan sido gastos necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

También en algún caso de cuantías menores ha faltado la justificación del gasto o esta ha sido insuficiente. En concreto, se han considerado gastos no electorales 17.483,94 euros en el PP; 13.857,74 en el PSOE; 1.699,85 en Vox; 368,37 en UPL y 2.321,12 en Ciudadanos.

En muchos casos, los gastos ordinarios finalmente admitidos se vieron incrementados por dos motivos. Por un lado, la reclasificación de gastos declarados como mailing que no lo eran como tal, es decir, gastos de sobres y papeletas superiores a los envíos reales, o que se depositan en las sedes o carpas electorales, buzoneo, folletos, trípticos o cartas, descartándose que se trate de envíos personales y directos.

El gasto reclasificado en este supuesto fue de 2.285,81 euros en el PP; 6.107,87 en Vox; 5.115,88 en UPL y 1.302,08 en Ciudadanos. Por otro lado, el hecho de exceder el límite de multiplicar los envíos con derecho a subvención por 0,19 euros, como pasó en el caso de Por Ávila, cuyo gasto reclasificado fue de 13.283,98 euros.

En definitiva, los gastos admitidos, con pequeñas reducciones en relación con los declarados, salvo en Soria Ya, Unidas Podemos y Por Ávila en los cuales las cantidades son idénticas, ha sido los siguientes:

PP: 1.139.990,04 euros

PSOE: 1.219.574,81

Vox: 704.595,89

UPL: 86.568,31

Soria Ya: 32.644,19

Unidas Podemos: 176.289,96

Ciudadanos: 290.777,97

Por Ávila: 45.851,67

Los gastos de los 8 partidos políticos en las elecciones del 13-F en Castilla y León