La formación política Izquierda Unida ha lanzado un llamado a los grupos parlamentarios del Partido Popular (PP) y Vox en las Cortes de Castilla y León para que retiren la Proposición de Ley de Concordia, presentada el 26 de marzo de 2024. Esta propuesta, que busca derogar en gran parte el Decreto 9/2028 de Memoria Histórica y Democrática de la región, ha generado un intenso debate debido a sus implicaciones en materia de memoria democrática.
La iniciativa de PP y Vox introduce el término "concordia", ausente en la legislación española y del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, lo que, según Izquierda Unida, distorsiona las políticas de memoria democrática vigentes. Se argumenta que esta visión mistificadora del periodo de 1931 a 1978 busca frenar las políticas de memoria implementadas tímidamente en la comunidad.
Entre las críticas de Izquierda Unida se encuentra la falta de rigor histórico al equiparar periodos tan dispares como la II República, la guerra civil y la dictadura franquista. Se denuncia además la omisión de las violaciones de derechos humanos durante el franquismo y la falta de reconocimiento a las víctimas.
La intervención de la ONU, que ha advertido a España sobre la vulneración de los derechos humanos en leyes de concordia similares, refuerza la postura de Izquierda Unida. Se destaca el énfasis de la ONU en la necesidad de no invisibilizar las violaciones de derechos humanos y el derecho a conocer la verdad.
