En este año "singular" debido a la pandemia, Izquierda Unida de Benavente manifiesta su apoyo público a dar visibilidad a la lucha feminista este 8-M que, sin duda, tendrá una naturaleza diferente, pero igual de importante en su reivindicación, y siempre cumpliendo con las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Para IU es importante visibilizar el movimiento feminista que sigue afrontando problemas estructurales que requieren ser denunciados y señalados. Problemas a los que este año "especial" se añade otro, como es la campaña de bulos inmoral de la extrema derecha que sigue queriendo criminalizar al movimiento feminista y su lucha.
Por ello, es importante que, respetando las indicaciones de las autoridades sanitarias, también se alce fuerte la voz en contra de esta campaña de deslegitimación que está liderando la extrema derecha y que pretende devaluar al movimiento y la lucha feministas, que son absolutamente imprescindibles para construir una sociedad justa en nuestro país.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, reivindica y visibiliza la lucha de las mujeres por sus derechos, participación y reconocimiento, en pie de igualdad con los hombres, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
Este año, la pandemia del COVID-19 ha puesto de relevancia la precariedad estructural de nuestro sistema tras años de políticas neoliberales. Estamos ante una situación de crisis social y económica y no podemos permitir una respuesta sin perspectiva de género que acentúe las desigualdades que viven las mujeres. Debemos abordar esta crisis no como la de 2008 con austeridad y recortes, sino enfocarnos en la reconstrucción de lo público y en una lucha contra la precariedad, la falta de derechos y las desigualdades que vivimos las mujeres en nuestra diversidad.
Durante este periodo, las mujeres han sido las protagonistas, tanto en el ámbito sanitario siendo ellas la inmensa mayoría de personas trabajadoras, como en el ámbito de los cuidados, asumiendo una mayor carga de trabajo en el hogar. Las mujeres realizan una parte muy importante de los trabajos esenciales y dichos trabajos son fundamentalmente precarios.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las mujeres suponen el 85% del personal que trabaja en las residencias de mayores y personas dependientes donde se han dado las peores cifras de fallecimientos. También son mayoritarias en otros servicios esenciales como son el comercio y la alimentación, la limpieza y representan la práctica totalidad de las empleadas del hogar de los cuidados. Todos ellos trabajos feminizados y precarizados.
A esto se suma el desigual reparto de las tareas de cuidados. El 70% de estas tareas son realizadas por las mujeres, a las que muchas han sumado el teletrabajo, el cuidado y sostén de las personas de la casa, una sobrecarga de trabajo que no se ha visto respondida con mecanismos de corresponsabilidad desde todos los ámbitos: administraciones, empresas y hogares. Especialmente afectadas están las familias monoparentales, de las que ocho de cada diez tienen a una mujer al frente.
Ambos elementos concurren juntos para establecer un suelo pegajoso que dificulta a las mujeres el desarrollo de su proyecto vital y las bases de la brecha salarial por la que las mujeres trabajan sin remunerar 51 días al año con respecto a los hombres. A largo plazo, esta brecha salarial afecta a sus pensiones. Además, sufren mayor riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres, instalándose especialmente en los hogares monomarentales.
Por último, se estima que la crisis económica provocada por la pandemia también afecte más a las mujeres ya que no debemos olvidar que tenemos mayor tasa de desempleo y que esto se acentúa entre las personas jóvenes.
Frente a esta situación, se han elaborado pactos por la recuperación económica en todos los niveles de la administración para incidir y compensar los efectos de la pandemia. Pero no se ha incluido la perspectiva de género que sería lo que evitaría un retroceso en los derechos adquiridos ya que en las crisis anteriores se ha producido un incremento de las desigualdades y un refuerzo de las discriminaciones.
La mayoría de mujeres se encuentran en las posiciones más precarias y vulnerables, en el aspecto laboral y en el social, y si no realizamos políticas que pongan la protección de las personas en el centro, sufrirán peores consecuencias. Un claro ejemplo es el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se ha debido reformular para posibilitar el acceso de las familias monomarentales.
La desigualdad que denuncia el feminismo es estructural y global, asentado y sostenido por el sistema capitalista y patriarcal cuyo objetivo es obtener beneficios y privilegios para unos pocos a costa de las personas más vulnerables y oprimidas, que terminan siendo las mujeres en toda su diversidad (migrantes, racializadas, trans, con diversidad funcional, jóvenes y mayores).
Por eso es inevitable hablar de redistribución de la riqueza mediante un sistema fiscal justo que permita la cobertura de las necesidades sociales y en este sentido reivindicar la iniciativa para que se liberen las patentes de las vacunas y de este modo evitar hacer de la pandemia un negocio y agilizar la inmunidad de toda la población. Necesitamos un cambio de lógica que coloque los cuidados en el centro, las necesidades de las personas como prioridades y desplace la obtención de beneficio como único motor de la sociedad.
Este 8M el movimiento feminista trabaja para ocupar el espacio público de otra manera, visibilizar los efectos de la pandemia sobre la vida de las mujeres.
El neoliberalismo ha impulsado un modelo de cuidados mercantilizado y de bajo coste que hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería ser atendido a través de los servicios públicos y la corresponsabilidad de los hombres. Ello exige fortalecer las políticas públicas y leyes en materia de dependencia y servicios sociales que han sido privatizadas, mercantilizadas e individualizadas, generando una gran precariedad en el centro de la reproducción de la vida. Un claro ejemplo de ello han sido las residencias de mayores que necesitan una reestructuración profunda para garantizar una atención de calidad y mejorar las condiciones laborales de las personas, mayoritariamente mujeres, que trabajan en ellas.
Pero también recursos públicos de conciliación que se adapten a las necesidades de las familias y el seguimiento del Plan Me Cuida para que no suponga profundizar la asunción del cuidado solo por las mujeres.
Las mujeres migrantes son relegadas y forzadas a los trabajos más precarizados y a la vez de los más esenciales, como el trabajo doméstico y de cuidados o la recogida de la fruta. Todo ello sufriendo negación de derechos, abusos laborales y sufriendo situaciones de violencia machista que tienen que dejar de ser invisibilizadas y atajadas de raíz.
Por ello, desde IU exigimos unas políticas de extranjería que respeten los derechos humanos y unas políticas públicas estatales que creen alternativas para las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular, que luchen contra su exclusión y abuso en el mercado laboral y que las proteja de la trata y la prostitución para salir de la pobreza.
Las mujeres en situación de explotación sexual no se han visto protegidas en este contexto ni se han garantizado medidas efectivas para el cierre de esta actividad a pesar del riesgo para la salud. Se ha preferido mantener mirar para otro lado. Todo ello hace imprescindible la puesta en marcha de políticas públicas y protocolos globales contra la trata, que implementen el Protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución tengan alternativas formativas y laborales, alternativa habitacional y mecanismos de asilo y protección reales.
En un momento donde se están incrementando los índices de pobreza y exclusión no podemos olvidarnos del negocio de los vientres/úteros de alquiler, que recordemos, afecta sobre todo a mujeres pobres que son quienes se ven abocadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal que sigue creando nichos de mercado a costa de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres.
La pandemia ha vuelto a relegar a las mujeres al hogar, desplazándolas del espacio público. No podemos permitir retroceder en la relevancia de que la perspectiva de género impregne la reconstrucción social y que el teletrabajo no suponga hacerlas desaparecer del espacio público y la toma de decisiones. Siguen siendo invisibles en la historia por lo que hay que seguir potenciando todas las actuaciones que recuperen su memoria histórica y sirvan de referentes a las mujeres actuales y futuras.
También este año se ha impulsado la ley de libertad sexual imprescindible para garantizar el consentimiento y hacer entender que solo si es sí. Y es que queda mucho camino que recorrer en este sentido y es imprescindible que se acompañe de una educación afectivo-sexual desde la igualdad y la diversidad sexual, identidad y/o expresión de género y que eduque a los hombres en una masculinidad no violenta.
La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las mujeres y exigimos que se realicen de forma gratuita y dentro del Sistema de Salud público y denunciamos la represión hacia quienes encabezan la lucha por los derechos sexuales y reproductivos.
Por todo ello, hoy, el feminismo sigue siendo imprescindible para revertir la desigualdad, luchar contra la intolerancia y el odio y transformar la sociedad.
