Y nuestra CEOE-Cepyme y la Cámara de Comercio e Industria tendrían que estar llamando ya a los responsables de la Industria y la Economía de la Junta para exigir aclaraciones a la noticia. Y no me olvido de los sindicatos del campo, COAG, Unión de Campesinos, Asaja y UPA, con los que Merino había establecido convenios para comprar maíz y remolacha, materias primas que se transformarían en esa utópica ya biorrefinería, tendrían que dar una respuesta sobre la paralización de las obras en Barcial.
Si la decisión de Merino de parar las obras, a causa de la corrupción de algunos cargos de la Junta, de los que no ofrece nombres, pero se supone que cercanos a las consejerías de Agricultura, Industria y Economía, Zamora tendría que levantarse, porque esta provincia habría perdido el mayor proyecto industrial de su historia.
Empleo el condicional siempre, porque nada se ha demostrado. Pienso que Vicente Merino Febrero, si se ha pronunciado de forma tan rotunda, contundente, dura, acumulará pruebas fehacientes e indubitables de si ha existido extorsión por parte de la Junta a alguna empresa interesada en el proyecto de la biorrefinería. Y si es así, a Fernández Mañueco, como presidente del ejecutivo autonómico, le incumbe investigar qué está sucediendo en su Gobierno, y, si se ha producido un delito de extorsión: «El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero».