El PSOE de Zamora critica a la Junta de Castilla y León por la falta de transporte escolar en FP en Sayago

Iñaki Gómez y Javier García PSOE
Los procuradores Iñaki Gómez y Javier García denuncian dificultades de movilidad para alumnado de Formación Profesional en Zamora y alertan de un posible avance hacia el Bachillerato concertado siguiendo el modelo de Aragón

Los procuradores del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez y Javier García, han centrado su intervención en la situación educativa de la comarca zamorana de Sayago, un territorio que, según han subrayado, ha perdido alrededor del 28% de su población en las últimas dos décadas, y donde denuncian la falta de transporte escolar para alumnado que desea continuar estudios de Formación Profesional de Grado Medio en Zamora capital, competencia de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Educación.

En este contexto, han puesto el foco en una situación concreta que afecta a una familia con cinco personas empadronadas en un municipio sayagués, junto a otros cinco o seis alumnos del instituto de la zona, que se encuentran con dificultades para acceder a estudios de FP en la capital debido a la ausencia de una ruta de transporte escolar adaptada a esta etapa educativa.

Los socialistas sostienen que esta carencia obliga a algunas familias a asumir desplazamientos diarios inviables o a plantearse incluso el traslado de residencia, al no existir una alternativa de movilidad pública suficiente. Critican además que la normativa autonómica solo reconoce el derecho al transporte escolar para la Formación Profesional Básica, dejando fuera los ciclos de Grado Medio y Superior, lo que consideran una situación de desigualdad territorial en el acceso a la educación.

En paralelo, los procuradores socialistas han expresado su preocupación por lo que consideran una posible deriva del sistema educativo hacia la concertación del Bachillerato, etapa que actualmente es gratuita en la red pública de Castilla y León. Han advertido de que, tomando como referencia lo ocurrido en otras comunidades como Aragón, donde se ha iniciado el proceso para financiar esta etapa en centros concertados, podría estarse “abonando el terreno” para una medida similar en la comunidad.

En este sentido, Javier García ha señalado que la eventual extensión de conciertos educativos al Bachillerato supondría un cambio relevante en el modelo vigente, al introducir financiación pública en una etapa hasta ahora plenamente asumida por la red pública, lo que abriría un debate sobre el equilibrio entre enseñanza pública y concertada en un contexto de descenso demográfico.

Ambos representantes han enmarcado estas críticas en un escenario más amplio de lo que califican como parálisis en la ejecución de acuerdos parlamentarios, infrafinanciación de infraestructuras educativas y falta de desarrollo de medidas destinadas a corregir las desigualdades territoriales en el acceso a la educación en Castilla y León.