El grupo denuncia la "doble vara de medir del PP" en relación a la devolución del dinero entre un discapacitado y la ciudadana.
Izquierda Unida ha denunciado la "doble vara de medir del PP" en relación al caso del discapacitado sobre el que pesa una orden de desahucio y "un acto claro de rufianismo (incumplimiento deliberado de la Ley)" en la comarca de Sanabria, donde "mira para otro lado protegiendo a la casta del PP", en el que una funcionaria -hija del alcalde de Rosinos de la Requejada- debe devolver 50.000 euros que, según IU, habría percibido de forma ilegal al compatibilizar trabajos no permitidos por la Ley.
En su denuncia, hecha pública esta mañana, IU señana que "contra un ciudadano discapacitado y su padre la Administración (gobernada por el PP) arremete diligente, audaz y sin piedad para que no sise 7.000 euros, según los mandatarios del PP, hasta el punto de que están dispuestos a desahuciar al minusválido o embargar al padre". "Y sin embargo -continúan- respecto a un acto claro de rufianismo (incumplimiento deliberado de la Ley) mira para otro lado protegiendo el PP a la casta del PP en la Comarca de Sanabria".
"Hablamos de M.C.P.P, ciudadana que compatibilizó durante más de 5 años dos trabajos que no podía desempeñar a la vez porque lo prohibía la ley: A saber, el de Administrativa en el Ayuntamiento de Galende y de Secretaría compartiendo municipios (cosa que sí permite la ley) en los de Rosinos de la Requejada y Palacios de Sanabria".
Según informa IU, "en Galende era Contratada Laboral (personal laboral ) y como Secretaria es en los otros dos municipios, funcionaria (interina). El "escándalo" se explica centrándonos en las pruebas de la negligencia deliberada o ineficiencia congénita, de los resortes del Estado para hacer cumplir las leyes y castigar a quienes no las cumplan".
"¿Quién se cree -pregunta IU- que ni el día de la toma de posesión en el Ayuntamiento de su padre para ser Secretaria- como obliga la Ley- ni en los 5 años siguientes, ni ella que "presumía de saber esas leyes" ( esa es la tarea de un secretario, asesora sobre las leyes), ni el padre de ella, que llevaba de alcalde décadas, ni el otro alcalde (Galende) que fue hasta responsable de Asistencia a Municipios en la Diputación, ni el Secretario de Galende, ni nadie, ignoraban la ley? Nadie se lo cree".
"Incluso, ¿cómo pretender que otros prebostes del PP no sabían que la hija de uno de sus próceres en la comarca tenía la suerte de tener a la hija trabajando en dos sitios a la vez (y en el de su padre cobrando un extra mensual de productividad por su gran de dedicación)? Todo el mundo lo sabía o debía saberlo. Tanto es así que en septiembre del 2011 llega a IU un anónimo declarando que esos trabajos eran incompatibles".
Francisco Molina se ha referido al padre de la ciudadana aludida, "diputado provincial, alcalde de Rosinos y padre de la ciudadana beneficiada, Ángel Prada. Contrata a su hija. Marca papeletas en las elecciones para saber qué familias le votan como se demostró en su día. Utiliza siempre a la misma empresa en las obras del municipio.Está metido en asuntos de cotos de caza como se nos contó en su día y no supimos afrontar bien. Es decir, no tiene el perfil de un alcalde inocentón, y sí de la casta".
El diputado se ha referido asimismo al "padrino", el alcalde de Galende, Jesús Villasante, "colaborador necesario en la doble tarea de la interfecta (se supone que le permitía horarios especiales a su trabajadora y no le pidió que solicitase la compatibilidad)" a quien ha definido como "cómplice en la operación Luzvente (dándole el contrato eléctrico a la empresa de la mujer de su amigo y en la época también diputado del PP, Escudero); principal sospechoso del pliego amañado para la concesión del Barco por el Lago de Sanabria en el que se puso el nombre de la empresa enchufada (que por cierto no es la actual); salpicado por más asuntos sospechosos como las basuras y el pago de unos 90.000 euros no explicados a la empresa de su amigo".
En cuanto a M.C.P.P, "la hija protegida", ha señalado "que se estuvo lucrando sin inmutarse durante 5 años hurtando un puesto de trabajo a la sociedad y embolsándose un dinero ilegal que no ha devuelto".
IU afirma que "descubierta la ilegalidad y habiendo dicho un expediente disciplinario que la falta fue "muy grave", el castigo de dos años de suspensión de empleo y sueldo no parece que deba limitarse al puesto en que la impostora fuera contratada laboral (personal laboral) si no a los dos, ya que la ley la quebrantó en los dos puesto no en uno, pero la Dirección General de la Administración Territorial parece estar en Babia, de vacaciones, puesto que no ha dado orden de que la cesen como interina y el padre, con menor motivo."
En cuanto al dinero cobrado indebidamente, IU se pregunta "¿Cómo es que el secretario e instructor del expediente disciplinario no ha hecho mención a ellos? ¿Por orden de su alcalde y para hacer un favor a su amigo y a su partido? Porque la ley es clara, quien, aún inocentemente, desempeña dos puestos incompatibles, deberá devolver el dinero de uno de ellos, y si no elige cual, de aquel en el que cobrara menos, por deducción".
En este sentido, Molina afirma que "hablamos de más de 50.000 euros, a razón de, suponemos, media jornada, durante más de 5 años (respecto a lo de la SS social no sabemos). ¿Por qué no se los reclama Galende ni nadie?".
