Gallegos del Río aprueba el catering social a 4 euros para mayores y personas vulnerables
El Ayuntamiento de Gallegos del Río ha aprobado de forma definitiva la ordenanza que regula el precio público del servicio de catering social, tras no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública. El acuerdo, adoptado inicialmente en el pleno del 20 de septiembre de 2024 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, entra así en vigor como una herramienta municipal para reforzar la atención a personas mayores y colectivos en situación de vulnerabilidad.
La nueva normativa fija en 4 euros por comida y día el coste del servicio para los beneficiarios, en un modelo pensado para favorecer la permanencia en el entorno rural y garantizar una alimentación equilibrada adaptada a las necesidades de cada usuario. El servicio consiste en la entrega de menús a domicilio en condiciones higiénicas adecuadas, con posibilidad de elección dentro de una oferta que incluye primer y segundo plato, aunque quedan fuera conceptos como pan, bebida o servicios complementarios.
El perfil de usuarios se centra en mayores de 65 años, pensionistas desde los 60, personas en situación social desfavorable o casos especiales valorados por el propio Ayuntamiento. También podrán acceder cónyuges o convivientes, siempre que estén empadronados en el municipio. La ordenanza establece además que la condición de beneficiario no es permanente y puede revisarse en función de cambios en la situación personal, impagos o decisión municipal motivada.
El texto regula igualmente los derechos y deberes de los usuarios, entre ellos el acceso sin discriminación, el trato digno o la confidencialidad de sus datos, así como la obligación de comunicar posibles alergias o intolerancias alimentarias. En este punto, se subraya que la falta de información por parte del usuario exime de responsabilidad al Ayuntamiento ante posibles incidencias sanitarias derivadas.
La gestión del servicio se realizará previa solicitud, acompañada de documentación como informe médico o datos bancarios, y requerirá resolución expresa de la Alcaldía. El pago será mensual, en función del número de comidas servidas, con posibilidad de baja voluntaria o de oficio en caso de impago.
Con esta ordenanza, el consistorio refuerza su papel en la atención social de proximidad, en un contexto marcado por el envejecimiento y la dispersión poblacional, donde servicios como el catering a domicilio se consolidan como un recurso clave para sostener la vida diaria en los pueblos.