UGT exige un operativo antiincendios permanente y mejoras en las instalaciones de Zamora

Agente Medioambiental imagen de archivo
El sindicato pide la contratación continua de agentes medioambientales y denuncia las deficiencias en las infraestructuras actuales

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha reiterado su petición a la Junta de Castilla y León para que establezca un operativo antiincendios en la provincia de Zamora que funcione durante los 12 meses del año. Esta demanda se hizo pública tras una visita de Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, junto a otros representantes sindicales, a la Oficina Comarcal de Alcañices, donde se entrevistaron con agentes medioambientales de la zona.

Durante la visita, los representantes sindicales inspeccionaron el operativo de extinción de incendios de la región, incluyendo el Puesto de Vigilancia de Villarino-Taslasierra y las autobombas comarcales. A pesar de la incorporación de una nueva autobomba, los trabajadores señalaron que el vehículo presenta algunas deficiencias en comparación con los modelos anteriores.

Los agentes medioambientales expresaron su insatisfacción con las condiciones de las instalaciones, las cuales consideran inadecuadas para el desempeño de sus funciones. Esta queja se suma a la solicitud recurrente de UGT para que la Junta de Castilla y León, que tiene la competencia en la materia, mejore las infraestructuras y amplíe el número de agentes, especialmente durante los periodos de prevención de incendios.

El sindicato también ha insistido en la necesidad de reconocer profesionalmente a este colectivo debido a su papel crucial en la protección del medio ambiente. Además, UGT ha solicitado que la Junta adapte las instalaciones, muchas de las cuales carecen de condiciones básicas como electricidad y servicios higiénicos, a diferencia de otras provincias.

UGT lleva años demandando una contratación continua para estos trabajadores, con funciones específicas fuera de la temporada alta de incendios, pero hasta ahora, la Junta de Castilla y León no ha respondido a estas exigencias.