Transportes moviliza 6,6 millones para analizar la seguridad de los puentes tras incidencias como la de la A-66 en Zamora
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado un contrato de 6,6 millones de euros (IVA incluido) para evaluar la resiliencia de los puentes de la Red de Carreteras del Estado frente a inundaciones y otros fenómenos hidrometeorológicos extremos, en una actuación orientada a reforzar la seguridad de las infraestructuras y anticiparse a los efectos del cambio climático.
El anuncio de licitación ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y contempla la contratación de una asistencia técnica especializada para analizar el comportamiento de los puentes más sensibles de la red estatal, especialmente aquellos integrados en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y otras estructuras consideradas estratégicas por sus características o por su posible vulnerabilidad.
La necesidad de reforzar el control y la vigilancia de las infraestructuras viarias cobra especial relevancia en Zamora tras el incidente registrado en abril de 2026 en la autovía A-66, a la altura de Villagodio. En aquella ocasión se produjo el desprendimiento de parte de los elementos de un puente sobre la carretera N-122, situada bajo la infraestructura, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y a realizar inspecciones técnicas.
Precisamente, el objetivo de esta inversión es identificar los riesgos derivados de episodios meteorológicos cada vez más intensos y frecuentes, como inundaciones, avenidas de agua o fenómenos asociados a lluvias torrenciales, que en los últimos años han provocado importantes daños en infraestructuras de transporte en distintos puntos del país.
Los trabajos incluirán la recopilación y análisis de información técnica, la elaboración de una metodología homogénea de evaluación del riesgo, así como la realización de estudios hidrológicos e hidráulicos bajo escenarios climáticos actuales y futuros.
Además, se llevarán a cabo análisis específicos sobre la erosión en pilas y estribos de los puentes, uno de los factores que puede comprometer la estabilidad de estas infraestructuras durante episodios de crecidas. A partir de los resultados obtenidos, se establecerá una priorización de actuaciones para adaptar las estructuras más expuestas a los efectos del cambio climático.
Uno de los aspectos más innovadores del contrato será el desarrollo de un sistema de alerta temprana y respuesta ante inundaciones, basado en la mejora de una herramienta digital ya existente. Esta plataforma integrará información procedente de datos meteorológicos, modelos hidrológicos y sensores instalados en puntos críticos de la red viaria para facilitar la toma de decisiones y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.
La actuación cuenta con financiación del programa europeo Connecting Europe Facility (CEF), uno de los principales instrumentos de la Unión Europea para impulsar infraestructuras estratégicas y mejorar la conectividad y resiliencia de las redes de transporte.
La licitación se enmarca en la estrategia del Ministerio para adaptar las infraestructuras a un escenario marcado por fenómenos climáticos cada vez más severos. En este sentido, el ministro Óscar Puente defendió recientemente en el Foro Internacional del Transporte, celebrado en Leipzig, la necesidad de incorporar nuevos criterios de diseño y planificación que permitan anticiparse a los efectos del cambio climático y reducir los costes derivados de los daños en infraestructuras.
Casos como el ocurrido en la provincia de Zamora ponen de manifiesto la importancia de contar con herramientas de evaluación, monitorización y prevención que permitan detectar posibles vulnerabilidades en puentes y otras estructuras estratégicas antes de que puedan derivar en problemas de seguridad o afecciones al tráfico. Precisamente, uno de los objetivos de la nueva licitación del Ministerio es avanzar en la identificación de riesgos y en la planificación de medidas que refuercen la resiliencia de la red viaria frente a fenómenos extremos y otros factores que puedan comprometer la integridad de las infraestructuras.