El Procurador del Común reclama más control en las subvenciones tras detectar indicios de doble financiación en Alcohólicos Rehabilitados de Zamora
El Procurador del Común de Castilla y León ha instado a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Zamora a reforzar los mecanismos de control, coordinación e intercambio de información en la gestión de subvenciones públicas tras detectar indicios de una posible doble financiación en las ayudas concedidas durante 2024 a la Asociación Provincial de Alcohólicos Rehabilitados de Zamora (ARZA).
La resolución, fechada el 15 de julio de 2026, tiene su origen en una queja presentada ante esta institución en la que se denunciaba que una misma documentación económica, fundamentalmente las nóminas de una trabajadora, habría sido utilizada para justificar subvenciones concedidas tanto por la Diputación como por el Ayuntamiento, una práctica incompatible con la normativa reguladora de las subvenciones públicas si supone financiar dos veces el mismo gasto.
Durante la investigación, ambas administraciones confirmaron al Procurador que habían abierto actuaciones para comprobar la posible existencia de doble financiación, determinar si procedía el reintegro de cantidades y depurar, en su caso, las responsabilidades administrativas o patrimoniales derivadas de los hechos.
En el caso del Ayuntamiento de Zamora, la institución explica que, tras coordinarse con la Diputación, se detectó la coincidencia de determinadas nóminas utilizadas para justificar ayudas concedidas por ambas administraciones. Como consecuencia, el Consistorio acordó iniciar expedientes de reintegro de subvenciones correspondientes a los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024, además de remitir la documentación requerida por la Fiscalía Provincial de Valladolid.
Por su parte, la Diputación Provincial informó de que inicialmente dio por correcta la documentación presentada por la asociación y abonó íntegramente la subvención concedida para financiar tratamientos psicológicos, actuaciones preventivas y talleres. No obstante, tras recibir una denuncia sobre una posible duplicidad en la justificación de gastos, inició una investigación para verificar los hechos, estudiar el posible reintegro de las cantidades abonadas e incluso valorar la apertura de un procedimiento sancionador o el traslado del caso a la autoridad judicial, si procediera.
El Procurador del Común considera que tanto el Ayuntamiento como la Diputación actuaron conforme a sus obligaciones una vez conocidos los hechos, valorando positivamente la reacción de ambas administraciones y su colaboración con la Fiscalía. Sin embargo, advierte de que las posibles irregularidades solo pudieron detectarse tras la presentación de la queja y gracias a la coordinación posterior entre ambas instituciones, lo que evidencia la necesidad de mejorar los controles preventivos.
Por ello, la resolución formula varias recomendaciones dirigidas a la Diputación —y que también traslada al Ayuntamiento— para reforzar los procedimientos de comprobación de las subvenciones, incrementar el control material de las cuentas justificativas, establecer mecanismos estables de intercambio de información cuando varias administraciones financien a una misma entidad y crear protocolos comunes que permitan detectar de forma temprana posibles casos de doble financiación o sobrefinanciación de fondos públicos.
La Diputación Provincial dispone ahora de un plazo de dos meses para comunicar al Procurador del Común si acepta o no las recomendaciones formuladas en la resolución.