Los países iberoamericanos crean en Zamora un Observatorio sobre infancia y tecnología
La ciudad de Zamora ha sido escenario este miércoles de un importante avance en la cooperación internacional en materia de infancia y adolescencia. Los países participantes en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana han acordado la creación de un Observatorio Iberoamericano sobre el bienestar integral de niños, niñas y jóvenes, con el objetivo de hacer frente de forma conjunta a los riesgos y oportunidades del entorno digital.
El acuerdo, impulsado junto a la Secretaría General Iberoamericana, contempla el desarrollo de estándares comunes y herramientas compartidas para garantizar un acceso seguro, inclusivo y equitativo a los medios digitales. La declaración firmada será elevada a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
Entre las medidas destacadas figura la puesta en marcha de políticas públicas que refuercen la alfabetización digital y obliguen a las plataformas a implantar mecanismos eficaces de verificación de edad, canales de denuncia accesibles y sistemas de protección de datos. Asimismo, se plantea regular prácticas como la reproducción automática de contenidos, el desplazamiento infinito o las notificaciones persistentes, por su impacto en el bienestar de los menores.
El documento subraya la necesidad de proteger a la infancia frente a fenómenos como la violencia digital, el abuso o la explotación en línea, al tiempo que defiende su derecho a la información veraz y a la libertad de expresión en entornos seguros.
Otro de los acuerdos alcanzados en Zamora es la elaboración de una Estrategia Integral a Favor de la Primera Infancia, orientada a impulsar acciones de prevención, atención y apoyo psicosocial. Esta iniciativa busca reforzar el desarrollo integral de los menores desde sus primeras etapas.
Los países iberoamericanos también han reafirmado el papel de los Estados en la implementación de políticas públicas con perspectiva de infancia, así como la importancia de la participación de las familias y la sociedad civil. En este sentido, se promoverá la implicación activa de niños, niñas y adolescentes en la elaboración de políticas que les afectan, reconociéndolos como sujetos de derecho.
Además, se ha encargado a la Organización de Estados Iberoamericanos la elaboración de una guía de buenas prácticas que sirva de referencia para los distintos gobiernos de la región.
La declaración recoge igualmente el compromiso de reforzar los sistemas de protección frente a la violencia, especialmente en el ámbito educativo, y de avanzar hacia una mayor inversión social que garantice servicios básicos como la salud, la educación, la nutrición o la vivienda.