El Juzgado avala la multa de 396.505 euros del Ayuntamiento de Zamora a la contrata de basuras por incumplir el contrato
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora ha dado la razón al Ayuntamiento de Zamora en el procedimiento abierto tras la imposición de una multa de 396.505 euros a la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, una sanción derivada de incumplimientos reiterados del contrato en vigor desde abril de 2022.
La resolución judicial confirma íntegramente el Decreto municipal de 13 de febrero de 2024, por el que el Consistorio impuso la sanción a la contrata, y desestima el recurso presentado por la empresa, a la que además condena al pago de las costas del proceso.
Según la sentencia, los incumplimientos recogidos por el Ayuntamiento y validados por el juzgado incluyen la falta de puesta a disposición de los medios materiales ofertados, la ausencia de determinados vehículos y la no ejecución de actuaciones comprometidas como obras en instalaciones, soterramiento de contenedores y mejoras de infraestructuras del servicio.
También se recoge el incumplimiento en la intensidad de los trabajos, con frecuencias inferiores a las previstas en el contrato y una calidad de limpieza considerada deficiente, así como la no implantación de herramientas de control ofertadas ni la financiación de auditorías de calidad previstas en los pliegos.
El fallo añade además la falta de ejecución de compromisos como el aumento de la frecuencia en la recogida selectiva y en el lavado de contenedores, así como el impulso previsto para la instalación de contenedores soterrados en el casco histórico.
El Ayuntamiento sostiene que estos incumplimientos quedaron acreditados en los informes técnicos municipales que motivaron la sanción, la cual fue aplicada mediante descuento directo en la facturación mensual del servicio.
Pese al recurso presentado por la empresa, la sentencia concluye que la administración actuó conforme a derecho y valida la totalidad de los hechos expuestos por el Consistorio, imponiendo además las costas a la concesionaria.
Tras la apertura del procedimiento, la empresa habría iniciado actuaciones para corregir parte de las deficiencias detectadas, con la incorporación de maquinaria, la mejora de frecuencias del servicio y la puesta en marcha de medidas previstas en el contrato.