La Justicia abre diligencias por la supresión del AVE en Sanabria y traslada el caso a la Fiscalía
La denuncia por la supresión de servicios del AVE en la estación de Otero de Sanabria ha dado un giro clave. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Zamora ha emitido un auto, fechado el 10 de junio de 2025, por el que acuerda incoar diligencias previas al apreciar la posible existencia de un "delito sin especificar", y ha trasladado el caso a la Fiscalía para su valoración e investigación.
La denuncia fue impulsada por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y diversos colectivos sociales zamoranos —Terras SOStenible, Viriatos Zamora y Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora (AGRYGALZA)— ante lo que consideran un “abandono injustificado” del servicio público ferroviario en la comarca.
Este nuevo paso judicial supone un avance significativo para los denunciantes, especialmente después de que el mismo juzgado desestimara el pasado 12 de junio su recurso de reforma relacionado con una medida cautelar. Ahora, sin embargo, el auto reconoce que existen indicios suficientes como para iniciar una investigación judicial más profunda sobre la supresión de estos servicios.
“Estamos satisfechos con este auto, que confirma lo que veníamos denunciando: la supresión de estos servicios del AVE va más allá de una decisión administrativa y podría constituir un ilícito penal”, han señalado los portavoces de las organizaciones.
Los denunciantes recuerdan que la eliminación de las paradas del AVE de las 8:46 y 9:35 de la mañana (salidas desde Otero) y de la llegada a las 8:15 horas ha supuesto un grave perjuicio para los vecinos de la comarca. Denuncian que se dificulta el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación o la administración pública, especialmente para personas mayores o con menos recursos.
Además, destacan que la línea AVE Madrid-Zamora fue declarada como Obligación de Servicio Público (OSP) desde diciembre de 2022. Bajo esta figura, Renfe tiene la responsabilidad de garantizar la continuidad del servicio, recibiendo por ello cuantiosas compensaciones económicas por parte del Gobierno. Sin embargo, según denuncian, esas obligaciones no se están cumpliendo.