Javier Faúndez y Juan del Canto presentan un recurso contra su citación como investigados en el caso Ultra Sanabria
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Zamora analiza un recurso de reforma y, de forma subsidiaria, de apelación presentado contra la providencia que acordó citar como investigados al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el concejal de Deportes, Juan del Canto, en el marco de las diligencias abiertas por actuaciones vinculadas a subvenciones del Club Deportivo Ultra Sanabria.
En el escrito presentado ante el órgano judicial, la representación de los investigados solicita la anulación de la resolución al considerar que carece de motivación suficiente y no concreta hechos ni indicios individualizados que justifiquen la citación en calidad de investigados. Asimismo, se pide la suspensión de las declaraciones previstas mientras se resuelve el recurso.
El documento, dirigido al tribunal competente en Zamora, cuestiona que la decisión judicial se haya adoptado mediante providencia y no mediante auto motivado, al entender que la resolución afecta de forma directa a la situación procesal de los afectados y a su derecho de defensa. En este sentido, se sostiene que la falta de concreción sobre los hechos atribuidos impediría conocer con precisión el objeto de la investigación.
El recurso también argumenta que no se habrían detallado indicios racionales que vinculen de forma individualizada a los citados con los hechos investigados, relacionados con expedientes de subvenciones nominativas gestionadas por la Diputación Provincial de Zamora en distintos ejercicios presupuestarios.
En el escrito se hace referencia a la documentación administrativa incorporada a la causa, incluyendo expedientes de concesión, justificación y fiscalización de ayudas públicas vinculadas al Club Deportivo Ultra Sanabria, así como a informes técnicos y acuerdos adoptados por distintos órganos administrativos. Según la defensa, estos documentos reflejarían una tramitación ordinaria con intervención de servicios jurídicos y de intervención, sin reparos determinantes en fases posteriores.
El recurso insiste en que la citación como investigados no debería acordarse sin una delimitación previa clara de los hechos, el periodo temporal y el grado de participación atribuido a cada persona, al considerar que la resolución recurrida no concreta estos extremos de forma suficiente.
Además, se solicita la suspensión de las declaraciones previstas para finales de septiembre de 2026, alegando el perjuicio que podría derivarse de mantener la condición de investigados durante meses sin una definición precisa del objeto de la imputación.
El escrito incorpora también la petición de nuevas diligencias, como la toma de declaración de responsables técnicos y la incorporación íntegra de los expedientes administrativos relacionados con las subvenciones objeto de análisis en la causa instruida en Zamora.