Un infome pone en cuestión la validez de un convenio de fondos europeos de la Diputación de Zamora
La formalización y las sucesivas modificaciones del convenio de colaboración entre la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León, vinculado a proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, han quedado bajo sospechas tras las advertencias reiteradas del informe de Secretaría, expuestas en el Pleno correspondiente al mes de febrero Los expedientes hacían referencia a obras de accesibilidad en distintos municipios, como las actuaciones en las CEAS del Colegio del Tránsito o en la guardería de la Veguilla.
Desde el grupo de Izquierda Unida se denunció que en el documento de formalización del convenio “se falta a la verdad” al afirmar que el secretario de la corporación provincial intervino en el acto, cuando no consta su firma ni la de ningún sustituto legal, pese a tratarse de una intervención preceptiva. Una ausencia que, en palabras de la portavoz, “en lenguaje popular, no del partido sino del pueblo, parece que indica que alguien está mintiendo”.
El informe de Secretaría, leído por Rivera durante la sesión plenaria, recuerda que en el texto del convenio se afirma expresamente que asistió a la formalización la persona que ostenta las funciones de Secretaría, extremo que también figura en el acta de la comisión correspondiente de 2025. Sin embargo, la propia Secretaría provincial concluye que esa intervención no se produjo, lo que abre la puerta a interpretaciones erróneas sobre la validez jurídica del procedimiento seguido.
Advertencias repetidas desde 2021
IU subrayó que las mismas advertencias ya se formularon en 2021, con motivo del convenio original, y que se han vuelto a ignorar tanto en la primera como en la segunda modificación, incurriendo en los mismos defectos formales. Entre ellos, además de la falta de intervención del secretario, se señaló la ausencia de fecha en el documento de formalización de la primera modificación, un defecto que podría tener relevancia jurídica.
El informe de Secretaría que leyó Rivera califica la situación como “altamente compleja” de evaluar, pero advierte del riesgo de que los defectos detectados no sean una mera irregularidad no invalidante, sino un vicio de anulabilidad. Un riesgo que, según el propio informe, se trasladaría también a la segunda modificación ahora sometida a aprobación.
Desde IU se insistió en que no se trata de un debate político, sino de legalidad administrativa y de protección de los fondos europeos. “Haciendo bien las cosas se consiguen los fondos europeos; haciéndolas mal, se ponen en riesgo”, defendió la portavoz, reclamando que se atiendan las recomendaciones de la Secretaría y se subsanen los errores antes de volver a elevar el expediente al pleno.
El PSOE reclama aclaraciones antes de votar
El PSOE coincidió en la necesidad de aclaraciones. Aunque su intención inicial era votar a favor —al considerar razonable la ampliación del convenio en 79.787 euros para justificar con fondos europeos obras ya ejecutadas—, el grupo socialista expresó preocupación tras escuchar las advertencias sobre el posible vicio de anulabilidad.
Los socialistas cuestionaron por qué el expediente se lleva directamente a pleno sin resolver previamente los defectos señalados, cuando ello podría generar problemas posteriores en la justificación ante las instituciones europeas. Recordaron que la modificación persigue reducir la aportación de fondos propios y ampliar la financiación europea, aprovechando recursos liberados por otras entidades locales que no ejecutaron sus proyectos en plazo.
La posición del equipo de gobierno
Desde el equipo de gobierno provincial, el vicepresidente segundo Ramiro Silva defendió que el convenio fue aprobado en 2021, modificado en 2023 y que ahora se plantea una nueva modificación para redistribuir la financiación, dado que las obras —como las de accesibilidad o las actuaciones en guarderías y centros educativos— ya están ejecutadas y en uso. Se argumentó también que los proyectos han sido objeto de seguimientos periódicos y certificaciones durante casi cinco años.
En cuanto a las advertencias de la Secretaría, se restó gravedad a los defectos señalados, apuntando que, si no fueron advertidos antes, “será porque no son tan importantes”. Un argumento que no convenció ni a IU ni al PSOE, que condicionaron su apoyo a que se aclare y subsane cualquier posible irregularidad, para evitar riesgos sobre la validez del convenio y la financiación europea.