El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, acompañado por el concejal de Urbanismo, Diego Bernardo, ha presentado las líneas maestras del futuro contrato del ciclo integral del agua que el Ayuntamiento prevé poner en marcha en el próximo mandato.
La propuesta, que será llevada al próximo pleno municipal para su aprobación inicial, contempla la unificación de los servicios de abastecimiento y saneamiento en una única concesión administrativa de larga duración, fijada en 20 años. Este modelo sustituirá a los actuales contratos, ya caducados y prorrogados de forma temporal.
Guarido explicó que el expediente entra ahora en su fase decisiva con la presentación de la memoria de proyectos y del estudio económico, paso previo a un procedimiento complejo que requerirá autorizaciones de distintas administraciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, la Junta de Castilla y León y organismos europeos.
El plan prevé una inversión total de 20 millones de euros, de los cuales 15 millones se ejecutarán en los primeros años de la concesión. Entre las actuaciones destacan la renovación de infraestructuras clave como la estación de tratamiento de agua potable (ETAP), la mejora de la depuradora (EDAR), la sustitución de tuberías y la modernización del sistema de contadores.
Entre los proyectos más relevantes figuran: Renovación del depósito de agua de la zona norte, con más de 50 años de antigüedad. Sustitución de tuberías, especialmente las de fibrocemento aún existentes. Mejora de redes de abastecimiento y saneamiento. Digitalización completa de los más de 42.000 contadores mediante telelectura
El objetivo es modernizar un sistema que, aunque se sitúa en parámetros medios —con pérdidas de agua en torno al 24,5%—, requiere una actualización progresiva de sus infraestructuras más antiguas.
El nuevo modelo implicará una subida inicial del 10% en el recibo del agua a partir de la entrada en vigor de la concesión, previsiblemente desde mayo de 2027. Según el alcalde, esto supondrá un incremento medio de unos nueve euros al año por usuario.
Tras más de una década con las tarifas congeladas —desde 2013—, el equipo de gobierno justifica el ajuste por el carácter deficitario del servicio y por la obligación de cumplir con las directivas europeas, que exigen cubrir el coste real del suministro.
Además, las tarifas se actualizarán posteriormente en función de un porcentaje del IPC, aunque siempre por debajo de este índice.
El contrato incluirá un canon mínimo anual de 675.000 euros que el concesionario deberá abonar al Ayuntamiento, cifra que podrá incrementarse en función de las ofertas presentadas.
Asimismo, se prevé mantener las bonificaciones sociales actuales —para jubilados, familias numerosas o desempleados—, aunque estas deberán ser asumidas por la empresa concesionaria, ya que la normativa europea limita su aplicación directa por parte de la administración.
El Ayuntamiento estima que, si el proceso avanza sin contratiempos, el nuevo sistema podría entrar en funcionamiento en el próximo mandato municipal, a partir de 2027 o incluso 2028.
Guarido ha defendido la iniciativa como una “operación muy buena” para la ciudad, destacando que permitirá renovar infraestructuras clave sin que el coste de las inversiones recaiga directamente sobre las arcas municipales, sino sobre la empresa concesionaria.
