La realidad de la okupación en la provincia es "minoritaria" y "marginal" aunque no por ello deja de preocupar. Ante al presentación de la apertura de la oficina antiocupación situada en la calle Pelayo, 15, en las instalaciones de la Cámara de la Propiedad Urbana de Zamora, hoy se han dado a conocer los datos conocidos del número de viviendas okupadas
En el caso concreto de la capital hay un total de unas siete u ocho viviendas conocidas que permanecen okupadas, entre ellas un bloque completo de seis pisos propiedad del propio presidente de la Cámara de la Propiedad, Manuel Rodríguez, que se enfrenta por segunda vez a la okupación del edificio tras una resolución judicial que obligó a desalojarlo. Una situación que se demora desde hace cuatro años y medio.
A ellos se suman otros casos como el reciente desalojo en la calle Cardenal Cisneros y otros dos casos que se mantiene en el barrio de Los Bloques, entre otras. A ellos se suman otros dos casos fuera de la capital zamorana, uno de ellos ya resuelto en Benavente.
Rodríguez ha realizado una crítica ante la falta de soluciones aportadas desde la Administración central que se suma a la dilatación del proceso judicial y que lleva, incluso, al embargo de cuentas por el impago de facturas por valor de tres euros en concepto de pago del agua o alcantarillado en relación a unas viviendas de cuya ocupación hay constancia y documentación por escrito.
En este sentido, el presidente de la Cámara de la Propiedad asegura que en el mercado hay un déficit de viviendas en alquiler derivado del "verdadero miedo" por parte de algunos propietarios ante este tipo de prácticas.
Por su parte, desde la dirección de Vivienda de la Junta de Castilla y León recuerdan que la realidad de otras comunidades autónomas pone de manifiesto que en muchos casos detrás de estas situaciones no se encuentran personas con problemas de vulnerabilidad sino "mafias" y "personas que simplemente se dedican a prácticas delictivas".
En este sentido, desde el Ejecutivo regional condenan este tipo de prácticas haciendo que con la creación de estas oficinas antiocupación permitan al ciudadano "tener la confianza suficiente para poner su vivienda en alquiler".
