Cuando Hacienda se equivoca, el tiempo nunca te lo devuelve nadie

Hay una frase que todos hemos escuchado alguna vez: "Con Hacienda es mejor no equivocarse". Es cierta. Lo que pocas veces se dice es que tampoco conviene que sea Hacienda quien se equivoque. Porque cuando el error es suyo, las consecuencias las paga primero el ciudadano.

Hace unos meses sufrí en primera persona el embargo de la devolución de mi declaración de la renta por una deuda que la Comunidad de Madrid consideraba pendiente. El dinero desapareció de mi devolución con la rapidez con la que actúa la maquinaria administrativa. No hubo margen para explicaciones. Primero se cobra; después, si el ciudadano considera que existe un error, empieza un largo camino para demostrarlo.

Y así fue.

Documentación, escritos, llamadas, tiempo invertido y la sensación permanente de tener que demostrar una inocencia que nunca debió ponerse en duda. Finalmente, la propia Comunidad de Madrid reconoció el error y devolvió íntegramente el dinero. Hoy 17 de julio tras casi tres meses de espera el dinero a vuelto a la cuenta de la que nunca debió salir. 

Final feliz, podría pensar cualquiera.

Pero no.

Porque nadie devuelve las horas perdidas. Nadie paga los desplazamientos, la incertidumbre, la frustración o el estrés que provoca ver cómo una administración retiene un dinero que legalmente te pertenece. Tampoco los sin sabores y los tiempos de cargo del gestor que se hace de cruces por cosas que pasan y son casos cada vez más frecuentes. 

Tanta burocracia rompe los esquemas a cualquiera.

La Administración dispone de toda su estructura jurídica, informática y económica. El ciudadano solo tiene paciencia. Y demasiadas veces esa paciencia es puesta a prueba hasta límites difíciles de comprender.

Vivimos en un Estado de Derecho donde los ciudadanos tenemos obligaciones fiscales, y es lógico que así sea. Los impuestos sostienen los servicios públicos. Pero ese mismo Estado debería asumir con la misma diligencia los errores que comete.

Si un contribuyente presenta tarde una declaración, paga recargos e intereses. Si se equivoca en una cantidad, puede recibir sanciones. Si olvida un trámite, la Administración actúa con una rapidez admirable.

Sin embargo, cuando quien falla es la Administración, rara vez existe una compensación proporcional para quien ha sufrido ese error.

La devolución del dinero es simplemente reparar parcialmente una equivocación. El perjuicio ya está hecho.

Quizá haya llegado el momento de abrir un debate incómodo: ¿deberían indemnizarse automáticamente los errores administrativos que ocasionan perjuicios económicos al ciudadano? ¿Deberían abonarse intereses desde el primer día? ¿Debería existir algún mecanismo que equilibrara una relación claramente desigual?

Porque la sensación de indefensión existe.

Y no hablamos únicamente de Hacienda. Ocurre con multas recurridas, prestaciones, ayudas, sanciones, embargos o procedimientos administrativos que terminan dándole la razón al ciudadano meses o incluso años después.

La Administración siempre recuerda que todos somos iguales ante la ley. Pero esa igualdad resulta difícil de apreciar cuando una de las partes dispone de todo el poder y la otra únicamente puede esperar.

Recuperé mi dinero.

Pero nadie me devolverá el tiempo perdido.

Y quizá ese sea el impuesto más caro que pagamos cuando quien se equivoca es la propia Administración. Y ahora me pregunto?, y si esto le pasa a un abuelo de la Alta Sanabria o el Sayago Profundo ¿quien les ayudaría a recuperar su dinero?.

Mucho internet, mucho sacar pecho de lo tecnológicamente perfectos que somos, pero a la hora de enmendar los errores...desgraciadamente esto es ESPAÑA el país al que vienen 100 millones de personas a disfrutarlo pero que hierra en nimiedades para unos y aspectos importantes para otros.