El conflicto del biogás llega a los tribunales: una veintena de asociaciones denuncian a la Junta de Castilla y León
Un total de 21 asociaciones y plataformas ciudadanas contrarias a los proyectos de biogás en Castilla y León han anunciado este lunes en Valladolid la presentación inminente de una querella penal contra la administración autonómica, gestionada por el actual Gobierno del Partido Popular. El anuncio se ha realizado durante una rueda de prensa en la que la abogada que representa a los colectivos, Pilar Calvo, ha detallado los motivos de la acción judicial.
Entre las organizaciones que respaldan esta iniciativa se encuentran varias asociaciones zamoranas, en una provincia que se ha convertido en uno de los territorios donde más proyectos de plantas de biogás y biometano se plantean en la comunidad, lo que ha generado un creciente movimiento vecinal en distintos municipios.
Los colectivos proceden de diferentes provincias de Castilla y León y aseguran que han decidido unir fuerzas ante la proliferación de proyectos industriales vinculados al biometano, que consideran una amenaza para el medio ambiente, la salud pública y el equilibrio del medio rural.
Según explicaron durante la comparecencia, la decisión de acudir a los tribunales llega después de haber agotado otras vías. Los representantes vecinales aseguran haber trasladado a la Junta de Castilla y León información técnica y documentación sobre los posibles riesgos de estas instalaciones, además de presentar alegaciones en distintos expedientes. Sin embargo, denuncian que la administración autonómica ha dificultado el acceso a la información de algunos proyectos y no ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas por la ciudadanía.
La querella se dirigirá contra el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y contra responsables de los servicios territoriales de Medio Ambiente. Según la abogada de los colectivos, los hechos podrían constituir presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación urbanística, infracciones que, en caso de demostrarse, podrían conllevar penas de inhabilitación e incluso de prisión.
Entre los argumentos jurídicos que sustentan la querella, los denunciantes señalan que la normativa que se estaría aplicando a estas instalaciones es la misma que regula las explotaciones porcinas, que establece una distancia mínima de 500 metros entre explotaciones, una condición que, según indican, no se cumpliría en algunos proyectos de biogás.
También sostienen que en determinados casos no se respetan las distancias mínimas con núcleos urbanos o con otras infraestructuras, como estaciones de servicio, y que muchos proyectos no incluyen planes de actuación ante posibles fugas o explosiones.
Otro de los aspectos que cuestionan es que, según explicaron, no se exige a las empresas promotoras justificar de dónde procederá la materia prima necesaria para alimentar las plantas ni dónde se gestionarán las grandes cantidades de digestato que generan, al menos hasta fases muy avanzadas de los proyectos.
Asimismo, denuncian que algunas instalaciones podrían superar la edificabilidad permitida, al no contabilizarse todas las infraestructuras que forman parte de las plantas.
Los colectivos también apuntan a posibles irregularidades en el ámbito económico. Según indicaron, la solicitud de autorización ambiental integrada exige el pago de una tasa cercana a los 2.900 euros más el 1 % del valor del proyecto, una cantidad que, según señalan, podría resultar difícil de asumir para empresas que en muchos casos cuentan con capitales sociales cercanos a los 3.000 euros.
Además, sostienen que muchas de estas instalaciones proyectadas serían “megaplantas” que no dispondrían en un radio de 15 kilómetros de suficiente materia prima para su funcionamiento, ni tampoco contarían, en un radio de 30 kilómetros, con superficie suficiente para gestionar el digestato resultante del proceso.
En este sentido, advierten de que si una vez construidas las plantas no se autorizara su funcionamiento por incumplir estas condiciones, las empresas podrían reclamar responsabilidad patrimonial a la administración autonómica por haber concedido previamente las licencias necesarias.
La querella cuenta con el respaldo de 21 asociaciones y plataformas ciudadanas de la comunidad, entre ellas colectivos como ARBA León, Avedillo en Pie, Biogás Así No Jambrina en Lucha, la Junta Vecinal Biogás La Antigua, la Plataforma Cantalejo Saludable, la Plataforma Ciudadana de Pinarejos y la Comarca Oeste, la Plataforma La Moraña Stop Biometano, Defendiendo lo Vacío, EslaVida, Granja Respira, Hornija-Bajoz de Pedrosa del Rey, Melgar de Abajo Saludable, Olmedanos por la Defensa de su Territorio, Payuelo Libre, Pueblos Sanos, Pueblos Vivos, Sanfonpi en Pie, Stop Biogás Montemayor de Pililla, Stop Biogás Vidriales y la Plataforma Yanguas de Eresma.
Estas organizaciones aseguran que su objetivo es frenar la expansión de este tipo de instalaciones en el territorio y reclamar una mayor transparencia y control administrativo sobre los proyectos vinculados al sector del biogás y el biometano en Castilla y León.