Las ayudas al alquiler llegan a más de un millar de zamoranos tras la eliminación del listado de reserva

Alquiler
Dos tercios de los beneficiarios son mujeres y un tercio son menores de 36 años. Además, hay 74 familias numerosas cuyo límite de renta para acceder a esta convocatoria se amplía 

La Junta de Castilla y León ha completado el pago de ayudas al alquiler para más de 1.080 zamoranos correspondiente al año 2023. El 31% de ellos son menores de 36 años y dos tercios son mujeres. Es el total de solicitantes que cumplen con los requisitos fijados y presenten la documentación pertinente y que eleva el gasto para estas ayuda en la provincia a un total de 2,14 millones de euros, un 33% más con respecto a la anterior convocatoria. 

Así lo ha avanzado la delegada territorial de la Junta, Leticia García, que ha destacado como novedad la eliminación del listado de reserva, lo que permite que no haya un límite de beneficiarios, siempre y cuando “cumplan con los requisitos”. A ello se suma la admisión también de optar a las ayudas por el alquiler de una habitación. 

García ha destacado que se trata de una ayuda de carácter continuado siendo el octavo año consecutivo que se resuelve esta convocatoria. La resolución, publicada el día 9 de junio en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), va dirigido a ayudar a aquellas personas que presentan bajos recursos, si bien el tope de ingresos anuales se amplia en el caso de las familias numerosas. Entre los beneficiarios constan de hecho un total de 74 familias numerosas. 

El importe medio de las ayudas se sitúa en los 1980 euros, si bien en muchos casos pueden llegar a alcanzar los 3200 euros. 

Entre los principales motivos para rechazar las solicitudes los casos que superan los umbrales de renta superiores a los máximos, que el importe del alquiler de la vivienda o habitación supere los límites fijados o bien que el solicitantes posee otra vivienda en propiedad. En todo caso, la delegada precisa que hay otros casos como pequeñas deudas con la Seguridad Social o por la falta de empadronamiento en el municipio donde se justifica la vivienda.