La Audiencia de Zamora condena a un año de prisión a Alberto Vega por una estafa en grado de tentativa
El consistorio no pagó la factura y culminó en la apertura de un expediente sancionador que echó a un lado a este empleado público y que finalizó con una detención de los acusados
Deberá asumir una multa de cerca de 3.500 euros así como las costas judiciales
El que fuera el jefe de Parques de Jardines en el Ayuntamiento de Zamora, Alberto Vega, ha sido condenado a un año de prisión, además del pago de una multa de cerca de 3.500 euros, por un delito de delito de estafa en grado de tentativa junto a la empresaria gallega, Gemma Neira. Así lo dicta una sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora con una magnitud de cincuenta y tres folios donde se juzga a este antiguo empleado por una estafa en grado de tentativa.
Con la finalidad de seguir consiguiendo la adjudicación de nuevos contratos y por indicaciones del trabajador del ayuntamiento, se creó la sociedad Romina&Ekaitz S.L, siendo Neira la administradora única. Esta sociedad, con domicilio social en Coruña, carece de trabajadores y de bienes con los que cumplir su objeto social. De esta forma, la empresaria ha sido condenada a medio año de prisión y a una cuantía económica a asumir de menos cantidad.
Una sentencia que “hace justicia” porque no llegó a cobrar la factura; las penas son tan bajas porque no se completó el delito sino “habría sido una pena de prisión de cinco años”, según ha remarcado el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido. Y es que según testimonios “llegó a trasladar a la imputada 40.000 euros en poco más de dos años por supuestas comisiones”.
Sin embargo, la situación se complicó cuando el ayuntamiento no abonó la factura porque el que fuera concejal de IU de Urbanismo y Medio Ambiente, Romualdo Fernández ya se lo vio venir. Fue entonces cuando ambos denunciaron una deuda que nunca existió. Ahí comenzó la apertura de un expediente informativo y sancionador que echó a un lado a este empleado público y que finalizó con una detención de los dos acusados.
La factura adjunta detallaba el material empleado y los juegos instalados en el parque de Belén, que en realidad eran propiedad del consistorio y se encontraban almacenados. El personal asignado a la obra estaba vinculado a la empresa Raga, cuyos salarios eran financiados con fondos municipales. Por el momento, aún faltan dos juicios pendientes para “atajar la corrupción”. El principio de un camino, según el alcalde de Zamora, que es “muy importante porque abrirá la puerta a todo lo que va a venir después”.