Cuando el Gobierno baja impuestos, algunos suben beneficios: el combustible vuelve a convertirse en el negocio perfecto
Cada vez que el Gobierno anuncia una medida para aliviar el bolsillo de los ciudadanos, la pregunta parece repetirse: ¿quién termina quedándose realmente con ese dinero?
La respuesta, al menos en el mercado de los carburantes, vuelve a señalar a buena parte del sector de las estaciones de servicio.
FACUA ha denunciado que numerosas gasolineras han aprovechado la entrada en vigor de las nuevas medidas fiscales para incrementar sus márgenes comerciales por encima de lo que justificaría el cambio tributario. Según sus cálculos, la gasolina de 95 octanos ha subido una media de 4,2 céntimos más por litro de lo que correspondería, mientras que el gasóleo habría aumentado 6,9 céntimos adicionales.
No se trata únicamente de una cuestión de céntimos.
Para quien llena un depósito de 50 litros, el sobrecoste ronda entre dos y tres euros. Puede parecer una cantidad menor en un solo repostaje, pero multiplicada por millones de conductores supone millones de euros que cambian de bolsillo en apenas unos días.
Un patrón que se repite
No es la primera vez.
Ya ocurrió durante anteriores rebajas fiscales sobre los carburantes y vuelve a repetirse ahora con la modificación del IVA y del impuesto especial de hidrocarburos.
Cada vez que el Ejecutivo introduce ayudas o cambios tributarios para amortiguar el impacto del precio del petróleo, parte del sector parece encontrar margen para incrementar beneficios.
FACUA sostiene que determinadas estaciones trasladan al consumidor subidas superiores a las derivadas exclusivamente del cambio impositivo y acusa al Gobierno de mantener una actitud demasiado permisiva frente a estas prácticas.
¿Sirven realmente las ayudas?
La cuestión de fondo es incómoda.
Si una medida pública destinada a aliviar el coste del combustible termina absorbida parcialmente por el incremento de márgenes comerciales, la eficacia real de esa ayuda queda seriamente cuestionada.
Los consumidores reciben menos alivio del esperado, mientras determinados operadores aumentan su rentabilidad.
Es un escenario que alimenta la sensación de que el mercado termina imponiéndose sobre la capacidad reguladora de las administraciones.
El Gobierno endurece el control… pero llega tarde
El Ejecutivo ha reaccionado reforzando el seguimiento de los márgenes comerciales de las estaciones de servicio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podrá identificar comportamientos considerados "anómalos", elaborar una lista pública de estaciones con precios injustificados y facilitar que los consumidores presenten reclamaciones. Además, las gasolineras deberán disponer de canales de reclamación accesibles y justificar determinados incrementos de precio.
Sin embargo, la propia denuncia de FACUA llega apenas unos días después de la entrada en vigor de las nuevas medidas, lo que vuelve a abrir el debate sobre si los mecanismos de vigilancia son realmente preventivos o simplemente reaccionan cuando el incremento de precios ya ha llegado al surtidor.
En Zamora también se nota
En una provincia como Zamora, donde el vehículo privado continúa siendo imprescindible para desplazarse entre municipios, acudir al trabajo o acceder a numerosos servicios, cualquier variación en el precio del combustible tiene un impacto directo sobre la economía familiar.
No hablamos únicamente de particulares.
Agricultores, ganaderos, transportistas, pequeñas empresas y autónomos dependen diariamente del carburante para desarrollar su actividad. Cada céntimo añadido repercute finalmente en el coste de los productos y servicios que terminan pagando todos los consumidores.
El eterno debate
El problema no reside únicamente en el precio del petróleo ni en los impuestos.
La polémica vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente: hasta qué punto el Estado es capaz de garantizar que las ayudas públicas lleguen realmente a quienes iban dirigidas y no acaben convirtiéndose, una vez más, en una oportunidad para ampliar beneficios empresariales.
Cuando el consumidor llena el depósito apenas distingue qué parte corresponde a impuestos, cuál al coste internacional del crudo y cuál al margen comercial de la estación de servicio.
Lo que sí percibe con claridad es que, cada vez que acude al surtidor, pagar menos sigue siendo la excepción y no la norma.