Zamora Decide solicita más tiempo y menos sanciones para regularizar los aires acondicionados en Toro

Instalación aire acondicionado Toro
La formación considera que debe darse un plazo de tres meses 

El grupo Zamora Decide ha solicitado al Ayuntamiento de Toro una mayor flexibilidad en el proceso de regularización de las instalaciones de aire acondicionado y sistemas de aerotermia tras la publicación del bando municipal que establece un plazo de un mes para adecuar estos equipos a la normativa urbanística.

La formación considera que las medidas anunciadas han generado un importante malestar entre los vecinos, especialmente por coincidir con un episodio de altas temperaturas, y critica tanto la duración del plazo como el régimen sancionador previsto, que contempla multas que pueden alcanzar los 10.000 euros.

Desde Zamora Decide sostienen que la regulación de este tipo de instalaciones es necesaria, sobre todo en una ciudad como Toro, declarada Conjunto Histórico-Artístico y con numerosos edificios protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC). No obstante, consideran que la aplicación de la normativa debería realizarse de forma más gradual y teniendo en cuenta que muchos de estos aparatos llevan años instalados en las fachadas de los inmuebles.

Por ello, la formación propone que el Ayuntamiento publique un nuevo bando ampliando el plazo de regularización hasta tres meses, reduzca la cuantía de las posibles sanciones y facilite asistencia técnica, mediante el arquitecto municipal, para ayudar a los propietarios a adaptar sus instalaciones a la normativa vigente.

Además, Zamora Decide plantea la elaboración de una nueva regulación específica para las futuras instalaciones de aire acondicionado y aerotermia que tenga en cuenta las actuales condiciones climáticas y permita compatibilizar la protección del patrimonio histórico con las necesidades de confort de los vecinos.

La formación considera que el actual contexto de incremento de las temperaturas hace necesario actualizar la normativa para responder a las nuevas demandas de la ciudadanía, al tiempo que insiste en que la protección del patrimonio debe ir acompañada de medidas proporcionadas y adaptadas a la realidad de los propietarios.